Corantioquia salió a aclarar la confusión que generaba la situación minera en Mandinga, corregimiento rural del municipio de Cáceres en el Bajo Cauca. Y la verdad es que no se trata de una sola operación, sino de dos escenarios completamente distintos que funcionan bajo reglas jurídicas diferentes en el mismo territorio.

La corporación explicó que existe un proyecto que sí cuenta con licencia ambiental otorgada en 2022 y que avanza en un proceso de formalización minera para explotar oro y plata. Pero hay otro polígono en trámite que aún no tiene el permiso ambiental aprobado, lo que significa que legalmente no puede desarrollar actividades extractivas. Sin embargo, según ha trascendido, esa operación sin permiso sigue funcionando en la práctica.

Corantioquia fue enfática en algo importante: ella no entrega títulos mineros. Eso lo hace la Agencia Nacional de Minería. El trabajo de la corporación es evaluar y vigilar que quienes tienen los títulos cumplan con los requisitos ambientales. Es decir, verifica que la minería que se autoriza no deje el planeta hecho un desastre.

La autoridad ambiental reconoció algo que muchos ya sabían: las condiciones de orden público en la zona han complicado su presencia constante. No es fácil hacer control ambiental cuando hay dinámicas complejas de seguridad. Aun así, sostuvo que sigue realizando acciones de vigilancia junto con otras entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Ante esto, Corantioquia hizo un llamado claro a la formalización. Cualquier actividad minera que se desarrolle sin cumplir los requisitos establecidos es minería informal, recordó. Y ese tipo de explotación clandestina es la que deja los peores daños ambientales en los territorios. Por eso insistió en que fortalecer la presencia institucional y acelerar los procesos de legalización es crucial para proteger los ecosistemas estratégicos de esa región del Bajo Cauca.