San Andrés enfrenta una crisis ambiental que tiene en alerta a sus autoridades. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) radicó el pasado 7 de mayo una solicitud formal ante la Gobernación pidiendo que se declare una alerta amarilla por el manejo deficiente de aguas residuales, residuos sólidos e infraestructura sanitaria en la isla. La petición fue dirigida con especial atención a los secretarios de Gobierno, Servicios Públicos y Medio Ambiente, y Gestión de Riesgos.

El problema no es nuevo. Durante los últimos cinco años, Coralina ha hecho reiterados llamados al ente territorial sin que se materialicen soluciones estructurales efectivas. La corporación denuncia una situación que describe como "grave y crítica", respaldada en la Constitución Política que establece que "es deber de las autoridades proteger la vida, la salud, la salubridad pública y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano".

Los hallazgos técnicos son preocupantes. En análisis de agua subterránea se encontraron concentraciones de nitratos de hasta 51.974 mg/L en la estación UPI Elvie Smith, muy por encima del límite permitido de 10 mg/L. Además, se detectaron coliformes totales y enterococos, indicadores de contaminación fecal y riesgo microbiológico, especialmente en San José, Pocito y Sarie Bay. Estos hallazgos evidencian riesgos directos para la calidad del agua potable y la salud de los habitantes.

El sistema de alcantarillado simplemente no aguanta la presión. Los mayores colapsos coinciden con los picos de turismo entre noviembre y enero, cuando llega la población flotante. Según cifras del DANE proyectadas al 2025, San Andrés tiene 66.269 habitantes registrados, aunque datos no oficiales sugieren que la población real oscila entre más de 100.000 personas. La isla crece sin la infraestructura sanitaria necesaria para sostenerlo.

La gestión de residuos también está al borde del colapso. Coralina ha expresado reiteradas preocupaciones sobre el relleno sanitario Magic Garden y el Punto Verde, donde se han identificado afectaciones ambientales y riesgos para los ecosistemas y comunidades circundantes. En 2023, la corporación advirtió sobre la vida útil del sitio y sus deficiencias operativas.

El llamado de Coralina es claro: la isla no está preparada para sostener el escenario actual. El crecimiento exponencial de construcciones, los asentamientos subnormales, la fragilidad ecosistémica del territorio y la presión del turismo masivo han superado la capacidad de carga ambiental e institucional. La corporación advierte que todo esto compromete el desarrollo sostenible y la pervivencia del Pueblo Étnico Raizal. Y hay otro factor: San Andrés es Reserva de Biosfera Seaflower reconocida por la UNESCO, lo que hace la situación aún más crítica ambientalmente.