Cuando una EPS responde tarde a una tutela, no es solo un trámite atrasado. Es alguien que sigue esperando una cita médica, una cirugía postergada, un tratamiento que no llega. En el sistema de salud colombiano, estas acciones judiciales se convirtieron en el principal indicador de si una aseguradora está funcionando o no.

Coosalud vivía un momento de verdadera crisis. Hace apenas dos meses, la entidad que resguarda la salud de más de 3,3 millones de colombianos enfrentaba números alarmantes: el 70% de los procesos de tutela no tenían gestión efectiva, el 65% de los requerimientos judiciales se respondían fuera de plazo y apenas alcanzaba un 55% de cumplimiento. Este rezago no era solo un problema administrativo; cada demora generaba fallos judiciales en contra, sanciones económicas y, lo más grave, gente sin acceso a la atención médica que necesitaba.

Cuando llegó Alexander Mesa Romero como agente interventor, no llegó solo con cambios de nombres. Implementó una estrategia de shock basada en la redefinición de cómo Coosalud procesaba cada tutela. El nuevo modelo caracterizó quirúrgicamente cada caso y estableció un seguimiento que no se mide en días sino en horas. "Hoy estamos enfocando los recursos en la salud y no en sanciones derivadas de ineficiencias administrativas", afirmó Mesa Romero. La transformación fue radical: en 60 días, la EPS pasó de ese 55% de cumplimiento al 100%.

Este salto no es un simple número en un reporte. Significa que ahora las órdenes judiciales se convierten efectivamente en servicios médicos, que Coosalud responde a tiempo con argumentos técnicos sólidos y que evita desacatos innecesarios. Los expertos del sector lo ven claro: cómo maneja una EPS las tutelas refleja toda su articulación interna. Cuando esa gestión falla, es porque algo más profundo está roto.

Lo que Coosalud está intentando ahora es que la tutela deje de ser la puerta principal para acceder a servicios de salud y vuelva a ser lo que debería ser: un recurso de última instancia cuando todo lo demás falló. Este ordenamiento jurídico es apenas el inicio de un saneamiento más profundo. El verdadero reto sigue siendo garantizar servicios oportunos en todo el territorio nacional, pero al controlar los riesgos legales, la entidad libera capacidad para concentrarse en lo que importa: atender a sus afiliados.

Con este cambio, Coosalud envía un mensaje de estabilidad a sus 3,3 millones de afiliados en medio de la incertidumbre que atraviesa el sistema de salud colombiano. No se trata solo de sanear las finanzas frente a sanciones, sino de recuperar la confianza de quienes dependen de esta EPS para su atención médica.