Una nueva denuncia pone a Coosalud EPS y la IPS Bienestar en el centro de la controversia por presunto abandono y negligencia en la atención de una paciente en condición vulnerable. El caso vuelve a cuestionar los estándares de calidad en el servicio de salud.

Según relatan los familiares, todo ocurrió en la mañana de un sábado cuando una ambulancia llegó al Hospital Universitario del Caribe. Sin embargo, el personal se negó a realizar el traslado. La razón: la paciente superaba el peso permitido del vehículo. Mientras los familiares esperaban que regresara una ambulancia adecuada, pasaron las horas, luego los días. Nadie volvió. Lo que debió ser un procedimiento de urgencia se convirtió en una espera angustiante durante horas sin respuesta alguna.

La situación se agravaba mientras tanto en los registros hospitalarios. La familia se enteró de que la paciente llevaba 28 días esperando que Coosalud EPS autorizara los procedimientos que necesitaba. Ese retraso había dejado a una mujer con sobrepeso, discapacidad y una reciente cirugía en la pierna derecha en condición de vulnerabilidad total, casi inmóvil y sin poder acceder a la atención que requería.

La ayuda llegó desde un lado inesperado. Integrantes de una iglesia contactaron a la Defensa Civil Colombiana, que respondió de inmediato y de forma gratuita con una ambulancia. Gracias a esta intervención, la paciente finalmente fue trasladada. Pero el calvario aún no terminaba.

Solo después de que la Veeduría en Salud Color Esperanza y el medio Noticias Cartagena se involucraran en el caso, Coosalud EPS autorizó el tratamiento. En cuestión de dos días, la cirugía fue programada y realizada exitosamente. Lo que debería haber ocurrido hace un mes, sucedió por fin tras la presión pública.

Andrés Ochoa, vocero de la Veeduría en Salud Color Esperanza, fue contundente en su crítica: "Es inaceptable que los pacientes tengan que enfrentar este tipo de situaciones para acceder a un derecho fundamental". La organización hizo un llamado directo a Coosalud EPS para que revise la forma en que sus IPS contratadas atienden a los usuarios.

La familia ahora enfrenta una incertidumbre adicional. En dos semanas debe asistir a un control de ortopedia y se pregunta si el ciclo se repetirá. El caso ilustra una realidad problemática: ciudadanos obligados a mendigar derechos que la Ley 1751 de 2015 reconoce como garantía de todos. Una ley que establece que la atención en salud debe ser oportuna, integral y digna, pero que en la práctica sigue siendo esquiva para muchos colombianos.