En teoría, Colombia tiene un sistema pensado para evitar que cualquier presidente se vuelva todopoderoso. El Congreso debe vigilar al Ejecutivo, investigarlo si comete delitos, y hasta sacarlo del cargo si es necesario. Es lo que el filósofo francés Montesquieu imaginó hace siglos: un poder que frena a otro poder. Así funciona la democracia moderna.

Pero en la práctica, especialmente al cierre del Gobierno del Cambio, ese mecanismo se convirtió en letra muerta. Pese a escándalos de toda índole, no prosperó una sola moción de censura contra el presidente. Peor aún, la Comisión de Investigación y Acusación, encargada de investigarlo por delitos graves, guardó silencio ante denuncias serias, desde cuestionamientos sobre financiación ilegal de campañas hasta las propias revelaciones del hijo del mandatario, Nicolás Petro. Es irónico que esa comisión haya terminado siendo apodada la "Comisión de Absoluciones". Aunque el Consejo de Estado anuló varios decretos presidenciales por violar el orden jurídico, el control político siguió dormido.

El problema no es que el sistema constitucional sea deficiente. El diseño existe y es capaz de funcionar. Lo que pasó es que quienes debían ejercer ese control simplemente renunciaron a hacerlo. El Congreso se dejó cooptar por el Ejecutivo, víctima de esa práctica colombiana llamada "mermelada", que es nada menos que el reparto de cuotas y favores que compra silencios. ¿Cómo puede vigilar a su jefe quien le debe su carrera política a ese mismo jefe?

Tampoco aparece en escena la Procuraduría. Sin tener control político directo, esa entidad tiene la obligación de promover acciones disciplinarias cuando hay conducta ilegal. Entonces, ¿dónde estaba el procurador cuando la exsecretaria del DAPRE, Angie Rodríguez, reveló públicamente que en la Casa de Nariño opera un "concierto para delinquir" con más de veinte personas identificadas? El silencio fue ensordecedor.

Lo más preocupante viene después. Ahora, los mismos que callaron ante los excesos sugieren dejar que el presidente termine su mandato porque "ya se va". Y mientras tanto respaldan a Iván Cepeda como heredero político del proyecto petrista, sin advertir que proponen debilitar instituciones cruciales como el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral. Eso no es reforma, es captura del poder.

Con el Congreso renunciando a su deber, la Procuraduría callada y las bases institucionales bajo ataque, solo queda la Corte Constitucional como último dique. El día que logren cooptarla, la democracia colombiana empezará a extinguirse, no por un golpe espectacular sino por la rutina del abuso.