En Nariño existe un desacuerdo importante sobre la magnitud del reclutamiento forzado de menores por grupos armados. Mientras la Contraloría General advierte que el problema creció un 3 por ciento en lo que va de 2026 y tiende a agravarse, las autoridades departamentales sostienen que la situación ha mejorado significativamente en el último año. Esta discrepancia refleja interpretaciones distintas de un fenómeno que sigue siendo grave en la región.

Fabio Alberto Álzate, contralor delegado para el postconflicto de la Contraloría General de la República, fue claro en sus conclusiones durante una visita a Pasto. "Estimamos el crecimiento en un 3 por ciento en relación con lo que sucedió el año pasado y, según una proyección de este flagelo, va a seguir en constante aumento en vez de disminuir", declaró. El funcionario relacionó el problema directamente con la presencia de múltiples grupos al margen de la ley que aprovechan los corredores estratégicos entre el Cauca y el Pacífico para ejercer actividades delictivas, narcotráfico y minería ilegal, mientras reclutan menores para sus filas.

El secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, presentó un panorama completamente diferente. Según datos del botón de registro de la Defensoría del Pueblo, en 2025 se reportaron 14 menores reclutados, cifra inferior a los 19 casos registrados en 2024. "Eso significa que ha disminuido notablemente el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes", informó el funcionario. Añadió que en municipios donde hay diálogos de paz se observa un desescalamiento del conflicto armado y menos interés de los jóvenes por ingresar a estos grupos.

Los números más altos se concentran en municipios específicos. Tumaco encabeza la lista con ocho casos reportados en 2025, seguido de Ricaurte y Barbacoas con dos casos cada uno, y San Pablo con uno. Sin embargo, la preocupación de las autoridades nacionales va más allá de los números actuales. Adriana Velásquez, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señaló que los grupos armados utilizan las redes sociales como herramienta de reclutamiento, acercándose a los menores en espacios virtuales donde pueden estar presentes en sus entornos cotidianos.

La geografía de Nariño amplifica el riesgo. Municipios ubicados en la cordillera Occidental, junto con toda la costa Pacífica, enfrentan las mayores amenazas debido a su ubicación estratégica, la presencia de actores armados y las economías ilícitas que allí operan. Cumbitara ha despertado especial preocupación por la intensidad de las amenazas de los grupos armados. Nariño figura entre los seis departamentos del país en estado de alerta por este gravísimo problema.

La Contraloría insistió en la necesidad de materializar los acuerdos suscritos, como el pacto con los Comuneros del Sur, que incluye disposiciones para que niños, niñas y adolescentes no estén inmersos en el conflicto armado. "Creemos que se debe pasar del papel a materializar estas acciones y a que se concreten estos acuerdos en hechos reales en la política de Estado", enfatizó Álzate. La coordinación entre entidades del Estado sigue siendo el reclamo central para enfrentar este flagelo que afecta especialmente a menores indígenas y afrodescendientes de la región.