Colombia vive uno de sus momentos fiscales más apretados en años. El contralor general Carlos Hernán Rodríguez no dejó lugar a dudas al presentar un panorama económico que pone los pelos de punta: inflación en 5,56%, tasas de interés al 11,25%, y una deuda pública que ya representa más de la mitad del producto interno bruto. A esto se suma un déficit fiscal del 6,4%, lo que significa que el Estado tiene cada vez menos espacio para maniobrar.

La raíz del problema está en varios lados. El encarecimiento del crédito, los costos disparados de energía, y la inflación en alimentos y servicios han puesto la economía contra la pared. Pero lo más preocupante para Rodríguez es que estas decisiones de política pública golpean directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Por eso insistió en proteger la sostenibilidad fiscal como una urgencia nacional.

Los números del recaudo cuentan una historia de fracaso. En 2025 entraron apenas 271,9 billones de pesos cuando la meta eran 304,8 billones. Eso dejó un hueco de casi 33 billones que no estaba previsto. Para colmo, aunque el presupuesto se comprometió sin problema, solo se ejecutó el 64% de la inversión, mientras que lo gastado en funcionamiento y servicio de la deuda se salió de lo planeado. Para 2026 la cosa pinta aún peor: en el primer trimestre apenas se ejecutó el 11,3% de la inversión.

El endeudamiento es otro tumor que crece sin control. Los títulos de deuda superan el 13% en corto plazo y el 14% en largo plazo, lo que hace el financiamiento cada vez más caro. El año pasado se destinaron 105 billones de pesos solo para pagar la deuda, una cifra que representó el 23% del gasto total. Comparado con los 83 billones de 2024, es un aumento brutal. Y la dependencia del crédito sigue subiendo: hoy representa el 27% de los ingresos totales.

También está el problema de cómo se gastan los recursos. El contralor encontró que el 68% de los contratos de inversión se hicieron por contratación directa, mientras que apenas el 6,5% salió a licitación pública. Entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se firmaron más de 118.000 contratos por prestación de servicios por cerca de 8 billones de pesos. Eso representa un aumento del 32,6% en comparación con años anteriores. Y no solo es un problema del gobierno central: los departamentos aumentaron su deuda en 14,4% y las ciudades capitales en 28,9%, con Bogotá llevándose la peor parte.

Frente a este panorama, Rodríguez propuso medidas de fondo: fortalecer los ingresos tributarios, mejorar la calidad del gasto público y reconocer los pasivos que llevan años acumulándose. También pidió que el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda trabajen coordinados, pero sin perder la autonomía que cada institución necesita para cumplir su función.