La Contraloría General acaba de entregar un diagnóstico preocupante sobre el estado de la reparación colectiva a víctimas del conflicto armado en Colombia. El estudio, liderado por la delegada de Inclusión Social y realizado entre 2018 y 2025, evaluó cómo está funcionando la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Los resultados son desalentadores: de los 1.197 sujetos de reparación colectiva reconocidos en el país, solo 60 han completado la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva. Eso es apenas el 5%.

El tiempo que tarda cerrarse un plan de reparación se acerca a los 10 años, cuando la normativa preveía plazos mucho más cortos. Esta demora no es un simple dato estadístico: significa que las comunidades afectadas siguen esperando justicia, y muchas sienten que vuelven a sufrir al ver que los procesos se alargan indefinidamente. Si el país mantiene este ritmo de ejecución, para 2031 (cuando vence la Ley 1448 de 2011 que regula la reparación) solo habrá reparado al 9,4% de los sujetos reconocidos. Más de 1.645 comunidades quedarían sin culminar sus programas, con un costo estimado de 9 billones de pesos para terminar lo que falta.

La Contraloría identificó que el dinero no es el único problema. De los 930,75 mil millones asignados para reparación colectiva entre 2018 y 2025, solo se ejecutaron 539,60 mil millones. Eso significa que menos del 60% de los recursos disponibles fue utilizado. Además, hay un desequilibrio notable: de 18.835 acciones definidas en los planes, solo se ha ejecutado el 21,94%. Las acciones más urgentes, como la restitución de tierras (que representa el 44% de los planes), tienen la ejecución más baja, apenas 16,19%.

Detrás de estas cifras hay un problema de gestión institucional que se repite en todo el territorio. El estudio, que incluyó trabajo de campo en Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Bogotá, encontró que la alta rotación de los profesionales de ruta es uno de los factores que más daña el proceso. Cuando se cambia el personal técnico sin renovar contratos, se pierde conocimiento acumulado, se interrumpe la relación con las comunidades y surge desconfianza. En todos los territorios evaluados, las mismas comunidades reportaron que estos cambios significan tener que reiniciar diagnósticos y repetir procesos, lo que genera una profunda sensación de "doble sufrimiento y revictimización", según palabras del propio órgano de control.

Otro obstáculo crítico es la falta de coordinación entre las más de 50 entidades que supuestamente deben trabajar juntas. El análisis de actas del Subcomité de Reparación Colectiva mostró incumplimientos reiterados de compromisos. No existe un sistema de información integrado y confiable, los registros están desactualizados y hay inconsistencias que dificultan el seguimiento. La contratación de profesionales ocurre tarde en el año (concentrada en abril y mayo), lo que introduce retrasos en las actividades programadas.

La Contraloría es clara en sus conclusiones: la política de reparación colectiva en su configuración actual no funciona. El órgano de control exige medidas urgentes: fortalecer la capacidad operativa del SNARIV, garantizar estabilidad en el personal técnico, mejorar la planeación y ejecución presupuestal, y buscar nuevos recursos para avanzar efectivamente. Sin cambios estructurales, la promesa de reparación integral para las víctimas del conflicto seguirá siendo solo eso: una promesa incumplida.