La Contraloría de Bogotá le pasó la factura a Jardines de Luz y Paz, la empresa que operaba los cementerios Norte, Sur, Central y Serafín de la ciudad. El ente de control emitió un fallo fiscal sancionando a la compañía por un presunto detrimento patrimonial de cerca de 7.500 millones de pesos, tras detectar que manejaban dinero de servicios funerarios sin respetar los procedimientos autorizados.

El problema surgió del contrato de concesión 415 de 2021, que la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) suscribió con la empresa. Según la investigación de la Contraloría, los recursos que llegaban por servicios funerarios se depositaban en cuentas distintas a las que estaban previstas en la fiducia del contrato. Más grave aún: casi cuatro de cada diez pesos que se recaudaba, exactamente el 37,57 por ciento, llegaba en efectivo directamente a los cementerios sin que ese dinero ingresara a las cuentas fiduciarias oficiales. Para los auditores, esto fue un incumplimiento claro de las obligaciones contractuales sobre transparencia en el manejo de dineros públicos.

Daniel Camilo Castilla, director de Servicios Públicos de la Contraloría, dejó clara la intención detrás de la decisión: "La administración de recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales". El caso no quedó solo en lo fiscal. La Contraloría remitió el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles responsabilidades penales derivadas de estos hallazgos.

Pero aquí viene lo interesante: esto es apenas un fallo de primera instancia. Jardines de Luz y Paz no se quedó callada y ya presentó recursos legales. Según información revelada por El Tiempo, la defensa de la empresa sostiene que durante la implementación de la fiducia surgieron dificultades y que tanto la Uaesp como la Fiduciaria Occidente y la compañía tuvieron que modificar el esquema operativo original. Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, explicó que "esas obligaciones fueron debidamente cumplidas por parte del concesionario, al realizar el debido recaudo en las cuentas bancarias creadas y utilizar parte de los recursos recaudados para el cumplimiento del objeto de la concesión, y el dinero restante fue enviado a las cuentas recaudadoras creadas en la fiducia mercantil".

Según la empresa, esos cambios obligaron a crear una cuenta bancaria transitoria para recaudar los pagos, la misma que ahora está en el centro de la controversia. Por su parte, la Uaesp respalda el fallo y dice que ya está en proceso de cerrar y liquidar el contrato con el antiguo operador, mientras adelanta acciones jurídicas y administrativas para proteger los intereses de la ciudad y garantizar que los servicios funerarios continúen sin problemas. El recurso de apelación de la empresa sigue en revisión.