La Contraloría General de la República frenó en seco los planes de financiamiento para la emergencia climática que declaró el gobierno nacional. El organismo de control determinó que el país carece de un plan nacional específico, articulado y con suficiente detalle para atender integralmente esta crisis, y que las cifras presentadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tienen niveles de incertidumbre que impiden cualquier aval técnico definitivo.

El análisis realizado por la Contraloría desenmascaró lo que realmente hay detrás de esos números tan grandes. Según el ente de control, lo que el gobierno presenta no es un plan integral sino "una agregación de respuestas sectoriales construidas a partir de estimativos generales". En otras palabras: cada ministerio metió sus números sin que existiera una metodología común, una priorización clara o una verdadera conexión entre lo que se necesita y lo que se va a gastar. La propia UNGRD reconoció que todavía están construyendo esa fase de detalle, lo que agrava aún más la debilidad técnica de esta solicitud de recursos.

Los números tampoco cuadran cuando se comparan con la realidad sobre el terreno. La Contraloría encontró diferencias enormes. Por ejemplo, en Córdoba la UNGRD reportó aproximadamente 113.641 hectáreas inundadas, pero el análisis del ente de control arrojó cerca de 66.276 hectáreas. Esa diferencia de casi 47.000 hectáreas no es un detalle menor: directamente impacta cuánto dinero se necesita realmente para la reconstrucción. Si las áreas están sobrevaloradas, todo el cálculo de daños y costos cae en tela de juicio.

Sobre los famosos $8,26 a $8,68 billones, la Contraloría fue contundente: el Ministerio de Hacienda reconoció que es simplemente la suma de lo que pidieron distintas entidades sin que exista "una estructuración financiera consolidada". Traducido al español claro: cada quien pidió lo suyo sin coordinar con los demás, sin usar la misma metodología y sin explicar bien de dónde salieron esos números. El ente de control identificó "vacíos metodológicos, posibles inconsistencias en los cálculos, ausencia de soportes técnicos suficientes y falta de conexión entre diagnósticos, actividades y costos".

Pero hay un problema todavía más grave: esos recursos nunca se liquidaron formalmente. Sin ese acto administrativo, el dinero no puede entrar en el presupuesto ni ejecutarse. Mientras tanto, las entidades presentan diagnósticos incompletos y sin información detallada de qué se va a hacer en cada territorio. A esto se suma otra incertidumbre: el Ministerio de Hacienda admitió que los ingresos que supuestamente van a venir de nuevas medidas tributarias (impuestos) son solamente proyecciones con "carácter prospectivo y probabilístico". En otras palabras: no son seguros. Eso abre la puerta a que proyectos queden a mitad de camino por falta de dinero.

La Contraloría también señaló debilidades en la focalización territorial, ausencia de criterios claros para decidir qué es prioritario, posibles duplicidades entre proyectos e inconsistencias en los cálculos. El mensaje del ente de control es claro: sin un plan coherente, sin cifras confiables y sin una fuente de financiamiento segura, no es posible avalar esta estrategia. Dicho esto, aclaró que seguirá vigilando cómo se ejecute lo que finalmente se haga con estos recursos.