La Contraloría General encendió las alarmas frente a la forma como se han delimitado las zonas y áreas de protección para la producción de alimentos en Colombia. El organismo de fiscalización detectó que estas áreas, que fueron aprobadas a través del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, presentan serios problemas que van más allá de lo agrícola.

Anwar Daccatte, contralor delegado para el Sector Agropecuario, fue claro en sus hallazgos: "Evidenciamos una desarticulación importante con la realidad del territorio. Estas decisiones no están considerando adecuadamente los planes de ordenamiento territorial". La alerta de la Contraloría toca aspectos jurídicos, fiscales, presupuestales, ambientales, operativos y de gobernanza. En otras palabras, estas zonas se habrían definido sin los estudios técnicos requeridos.

Los problemas puntuales son preocupantes. La Contraloría señala que falta información técnica y geoespacial suficiente para determinar dónde están realmente estas áreas, existe mala coordinación entre las entidades nacionales y los municipios, no se incorporaron criterios sobre cambios climáticos y los recursos asignados no tienen garantías de uso adecuado. Esta desorganización genera tensiones con sectores económicos importantes del país.

Lo grave es que estas deficiencias no solo comprometen la política alimentaria. La Contraloría advierte que los riesgos se extienden a la planeación de proyectos públicos estratégicos como carreteras, escuelas y sistemas de acueducto. Cuando una política se implementa sin bases sólidas, termina afectando múltiples aspectos del territorio.

Desde el Congreso también hay voces que respaldaron esta advertencia. El representante a la Cámara Juan Espinal manifestó: "En buena hora la Contraloría emite alerta en contra de las figuras ZPPA y APPA a nivel nacional, figura que fue aprobada por el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro". Manuel María García, diputado de Antioquia, por su parte destacó la importancia de defender la soberanía alimentaria, señalando que "siete de cada diez elementos que están en la bandeja paisa son importados", lo que refleja la urgencia de fortalecer la producción local.

Ahora el Ministerio de Agricultura y la UPRA tienen el reto de enmendar el rumbo. La Contraloría les pidió adoptar medidas inmediatas, coordinadas y técnicas que corrijan estos problemas de fondo antes de que se generen más complicaciones.