Los ojos de la Contraloría General están puestos en un problema que crece como una mancha de aceite en el sistema de salud colombiano. Las EPS que ya están intervenidas por la Superintendencia de Salud no mejoran, sino que empeoran. La advertencia es contundente: las medidas que se han tomado hasta ahora no han servido para estabilizar estas entidades.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez fue claro al describir lo que ve. Estas empresas presentan un panorama "crítico y sostenido", palabras que no dejan lugar a dudas sobre la gravedad de lo que ocurre. Y no es un problema abstracto de números en un balance. Detrás hay millones de usuarios que dependen de estas EPS para acceder a salud, y hay clínicas y hospitales que esperan pagos que no llegan.

Nueva EPS es el caso que más preocupa. La Contraloría detectó millonarios faltantes en las reservas técnicas, anticipos que no se han legalizado correctamente, y algo particularmente grave: la entidad no tiene estados financieros certificados correspondientes a 2024 y 2025. Es como si desaparecieran los registros de lo que pasó con el dinero durante dos años.

Pero Nueva EPS no está sola en este hundimiento. La Contraloría también encontró problemas serios en Savia Salud, Coosalud y Famisanar. Lo alarmante es que estas entidades, desde que fueron intervenidas, no se han recuperado. Sus deudas crecen, sus pérdidas aumentan, y el control que supuestamente se ejerce sobre ellas no parece frenar el deterioro.

Ante este panorama desolador, la Contraloría lanzó una alerta de rojo: existe una amenaza real para que el servicio de salud continúe funcionando en el país. Y fue más allá de solo alertar. Hizo un llamado urgente a la Superintendencia de Salud para que refuerce sus medidas de vigilancia y control. En otras palabras, lo que se está haciendo no es suficiente. Se necesita más, y rápido.