El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, encendió las alarmas sobre el estado de las Entidades Promotoras de Salud que están bajo intervención del gobierno. Después de un seguimiento permanente, la Contraloría concluyó que estas medidas no están logrando lo que se prometió: estabilizar el sistema de salud. Al contrario, todo indica que la situación se está agravando.

Los números son preocupantes. Nueva EPS, la más grande del país con 11,6 millones de afiliados, no tiene estados financieros certificados para 2024 y 2025. A esto se suma un faltante de 4,9 billones de pesos en reservas técnicas y 13,6 billones en anticipos pendientes. Otras EPS como Savia Salud dispararon su endeudamiento un 166 por ciento, mientras que Coosalud y Famisanar están en números rojos millonarios. El Famisanar es un ejemplo crudo: su indicador de endeudamiento pasó de una situación aceptable a una crítica, y su patrimonio se hundió de menos 2,1 billones a menos 3,3 billones en apenas un año.

Lo más grave es que los pasivos de estas entidades han aumentado drásticamente desde que fueron intervenidas. Coosalud es el caso más evidente: pasó de deber 1,88 billones en octubre de 2024 a deber 6,34 billones a finales de 2025. Mientras tanto, la capacidad de estas EPS para prestar servicios de calidad se ha reducido por sus resultados operacionales negativos, lo que afecta directamente la entrega de medicamentos.

Los pacientes lo están sintiendo en carne propia. Durante 2025, los colombianos presentaron 2.061.661 peticiones, quejas y reclamos ante las EPS, lo que significa un aumento del 27,4 por ciento comparado con 2024. Nueva EPS concentra la mayoría de las quejas con más de 518 mil casos. Las razones principales son siempre las mismas: medicamentos que no llegan y citas médicas que se demoran demasiado.

Además, ninguna de las ocho EPS intervenidas cumple al cien por ciento con las órdenes de los jueces que buscan proteger el derecho a la salud. Emssanar apenas alcanza el 4,48 por ciento de cumplimiento en fallos de tutela. Esto significa que personas que han tenido que recurrir a los tribunales para acceder a atención médica siguen sin recibirla.

El Contralor fue directo en su advertencia: "La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud". Por eso, la Contraloría le pide a la Superintendencia Nacional de Salud que fortalezca de inmediato sus acciones de control y que explique técnicamente por qué mantiene estas intervenciones si no están funcionando. La próxima semana convocará una mesa de trabajo con la Superintendencia y las EPS para discutir cómo frenar el daño que se sigue extendiendo en el sistema de salud colombiano.