La Contraloría General llevará a cabo este jueves 9 de marzo un operativo de Policía Judicial en la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud para obtener información financiera y determinar la situación actual del sistema de aseguramiento en salud. La acción responde a que la Nueva EPS no ha presentado estados financieros desde el primer semestre de 2024, lo que significa que no hay información pública oficial sobre los números de la entidad más grande del país, que atiende a 11,5 millones de afiliados. Según explicó el órgano de control, "ante la preocupación institucional por la situación financiera asociada a la prestación de los servicios de salud y considerando la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS, la Contraloría adelanta una actuación de Policía Judicial en la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud)". Los documentos recopilados en esta diligencia servirán como base técnica para posibles acciones fiscales y disciplinarias.

El escenario se agravó porque la intervención gubernamental sobre la Nueva EPS venció el 2 de abril de 2026 sin ser renovada, dejando el futuro administrativo y legal de la entidad en total incertidumbre. Un día antes de conocerse el operativo de la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación exigió a la Supersalud responder en tres días hábiles si todavía hay razones legales para mantener el control gubernamental. La procuradora delegada Mónica Andrea Ulloa Ruíz presentó siete preguntas concretas, siendo la central si la Nueva EPS sigue teniendo los problemas financieros, administrativos y jurídicos que justificaron la intervención inicial. Los documentos sugieren que estos problemas no solo persisten, sino que han empeorado.

La crisis de la Nueva EPS se refleja en números crudos. Las quejas contra la entidad saltaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025, un aumento del 44 por ciento en un año. Más alarmante aún, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reveló que de esas más de quinientas mil tutelas, más de 120.000 permanecen sin abrir en el correo de la EPS. Los casos documentados exponen la gravedad del problema: Kevin Arley Acosta Pico, un niño con hemofilia, murió el 13 de febrero porque la EPS no garantizó su medicamento vital. Javier Pinzón Sandoval, de 20 años con leucemia, falleció el 14 de marzo tras no recibir medicamentos desde octubre de 2025. También están los casos de Isaías David, un recién nacido que murió esperando una cirugía cardíaca, y Silvio Perafán, de 86 años, quien falleció en espera de un tratamiento que nunca llegó.

Los documentos de la Procuraduría detallan fallas sistemáticas que no fueron resueltas durante la intervención. En materia de controles financieros, la EPS no implementó mecanismos efectivos para supervisar los recursos que recibe del Estado, y los pagos adelantados a médicos y clínicas, que deberían ser excepcionales, se convirtieron en práctica habitual. Hasta agosto de 2025 utilizaba un sistema manual y obsoleto para procesar cuentas médicas, generando demoras y errores que persisten aunque activó un nuevo sistema en septiembre. La situación tecnológica es crítica: infraestructura anticuada, vulnerabilidades en seguridad informática y, lo más grave, el giro de recursos se maneja aún en hojas de Excel. En contratación persisten acuerdos verbales con proveedores, creando riesgos legales, financieros y reputacionales.

La Procuraduría también solicitó copia de informes internos de seguimiento y reportes de la funcionaria encargada de vigilar las finanzas durante la intervención, incluyendo un informe de febrero de 2026 que debería haberse entregado el 10 de marzo pero que aún no había sido recibido cuando se realizó el requerimiento.