La Contraloría le pasó un recibo pesado a la Sociedad de Activos Especiales. El ente de control encontró detrimento fiscal por 8.839 millones de pesos en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio, esto es, activos incautados al crimen y al lavado de dinero que la SAE estaba a cargo de administrar entre 2023 y mitad de 2025. El diagnóstico no es para nada alentador: se detectaron 22 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tiene impacto fiscal directo y 17 podrían derivar en sanciones disciplinarias para los funcionarios responsables.

El desorden es de múltiples capas. La auditoría reveló deficiencias en la gestión de bienes, fallas en los procedimientos para desalojar inmuebles y debilidades graves en los sistemas de información que supuestamente llevan la cuenta de qué hay y dónde está. Además, encontraron que se violaron normas internas, no se siguieron los protocolos para desalojos, faltaron documentos de renta y los procesos de venta de bienes nunca se rindieron como debía. En el tema de arrendamientos, la cosa es aún más grave: contratos vigentes sin pólizas de seguro, subarriendos que nadie autorizó, descuentos que no tenían derecho a hacer y ausencia total de supervisión sobre lo que arreglaban o no los inquilinos.

Pero donde la cosa realmente duele en el bolsillo es en el manejo de vehículos. La Contraloría encontró que entre 2021 y 2025, la SAE pagó 1.090 millones de pesos solo en bodegaje de automóviles que llevaban más de seis años parqueados sin ser vendidos. Uno de los casos que más llama la atención es el de un camión que desde junio de 2019 está en el patio Las Ceibas del municipio de Espinal, a donde lo llevó la entidad que dirige Amelia Pérez. A corte de 2025, ese camión sigue ahí y le ha costado al Estado 68,4 millones de pesos en estacionamiento, sin que nadie lo haya vendido ni le haya dado un destino definitivo.

Y este no es un caso aislado. En total, la Contraloría identificó 113 vehículos por los que la SAE sigue pagando mensualmente cantidades significativas de bodegaje. Mientras tanto, estos automóviles no generan ni un peso para la Nación. Los números son contundentes: en los últimos cinco años, la entidad ha desembolsado más de 2.000 millones de pesos únicamente en parqueadero de vehículos, recursos que en lugar de ser ingresos para el país se han convertido en pérdidas puras por incapacidad para vender o dar buen destino a los bienes.

La misión de la SAE es clara: administrar, optimizar y comercializar oportunamente los bienes incautados. Por lo que se ve en el informe de la Contraloría, esa misión quedó en el camino. Debilidades en los procesos de venta, gestión de inventarios deficiente, y un patrimonio bajo custodia que lejos de ser un activo para el Estado, se ha convertido en un pasivo que crece cada mes.