Cuando un proyecto ambiental que busca salvar los arrecifes de coral de San Andrés comienza a tambalearse por problemas con el dinero que se invierte, todos pierden: los contribuyentes, el ecosistema y la biodiversidad del archipiélago. Eso es lo que encontró la Contraloría General de la República en una auditoría reciente a CORALINA, la corporación encargada del desarrollo sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El hallazgo es preocupante: detectaron presuntas irregularidades fiscales en un contrato clave que comprometen el uso adecuado de los recursos públicos y la viabilidad misma del trabajo de recuperación coralina.

El problema central está en un contrato firmado el 28 de noviembre de 2023 entre CORALINA y la Asociación de Municipios de la Costa, Asomucosta. Este acuerdo tenía como objetivo evaluar la pérdida de tejido en los corales y recopilar muestras para proyectos de recuperación de estos ecosistemas vitales para el archipiélago. Lo que empezó como un proyecto ambiental necesario se convirtió en un enredo administrativo. El ente de control identificó un hallazgo administrativo con implicaciones fiscales por 3 mil millones de pesos, derivado de múltiples problemas en cómo se estructuró y ejecutó el contrato.

Las fallas comienzan desde la raíz. De acuerdo con la auditoría, hubo deficiencias graves en los estudios previos que deberían haber definido exactamente qué se necesitaba hacer. No existían especificaciones técnicas claras ni una definición precisa de lo que realmente se requería. Por ejemplo, aunque se presupuestaron costos para lanchas y operación logística, nunca se especificó cuántas embarcaciones eran necesarias ni qué detalles debería tener la logística. Tampoco se detallaron claramente los insumos y materiales como ungüentos y amoxicilina que se iban a necesitar. Todo esto creó una bruma de incertidumbre alrededor de cuánto dinero realmente se necesitaba y para qué exactamente.

Pero hay algo más grave aún. La auditoría encontró que se pagaron casi 3 mil millones de pesos por trabajos que no se ejecutaron, no tenían respaldo documentado o presentaban irregularidades. Aquí algunos ejemplos concretos: se contrataron biólogos que supuestamente debería vincular el contratista, pero terminó pagándolos la propia CORALINA, lo que generó confusión sobre quién era responsable de qué. También aparecieron gastos no contemplados en la planeación original, como un vuelo y alojamiento desde Bahamas. En total, pagos por casi 2 mil millones de pesos en diversos servicios quedaron sin el soporte documentado suficiente para justificarlos.

La Contraloría concluyó que estos desembolsos de 3 mil millones por conceptos no ejecutados, no soportados o irregulares elevan significativamente el riesgo de lo que en jerga pública se llama "detrimento patrimonial": dinero público que simplemente se perdió o no se justificó. El panorama se amplía cuando se mira la totalidad de la auditoría: el ente de control identificó 20 hallazgos administrativos en total, de los cuales ocho tienen connotaciones fiscales (es decir, dinero que no se contabilizó bien), 15 presentan posible incidencia disciplinaria y dos podrían derivar en responsabilidades penales.

Lo que preocupa más allá de los números es que estas fallas reflejan, según la Contraloría, "graves debilidades en la planeación, supervisión y ejecución contractual" en CORALINA. Esto no es solo un problema de gestión administrativa: directamente impacta la recuperación de los arrecifes coralinos del archipiélago, que son ecosistemas estratégicos para la biodiversidad y la supervivencia económica y ambiental de la región. Cuando hay irregularidades en cómo se ejecutan estos proyectos, el daño ambiental se prolonga mientras el dinero para repararlo desaparece en deficiencias administrativas.