Los contratos que Juliana Guerrero suscribió con la Universidad Industrial de Santander están bajo la lupa de la Contraloría por un motivo que genera inquietud: aunque en los papeles todo aparece como cumplido, los soportes documentales simplemente no existen. La congresista Jennifer Pedraza y el ente de control fiscal han denunciado esta brecha entre lo prometido y lo entregado, y acceso a los expedientes completos confirma las sospechas.

El primero de los contratos, firmado en noviembre de 2023, tenía un valor de nueve millones de pesos. Guerrero se comprometía a actuar como gestora territorial, acompañando protestas sociales, socializando el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida con comunidades, y elaborando informes detallados sobre conflictividad en territorios. El segundo contrato, de tres millones suscritos en enero de 2024, contemplaba obligaciones similares. En total, la universidad desembolsó doce millones contra la promesa de entregables concretos y verificables.

Lo que realmente llegó fueron listas de asistencia a reuniones, la mayoría con apenas un puñado de participantes. Una de ellas, fechada el 12 de noviembre de 2023, muestra solo cinco asistentes: un asesor, un comunicador, un vocero y tres contratistas. De esos tres, uno es Juliana Guerrero y otro es Verónica Guerrero, su hermana. Pedraza reaccionó con dureza: "¿Saben qué es lo más descarado de esto? Que en uno de los contratos de la @UIS —sí, el más alto, de $9 millones— la misma Juliana Guerrero puso a su hermana a firmar una planilla de asistencia y pasó eso como evidencia de trabajo".

Los informes sobre conflictividad social, que debieron incluir mapeos y caracterizaciones de situaciones territoriales, simplemente no aparecen en las carpetas de evidencia. En otro informe de actividades, la única prueba de un monitoreo realizado el 15 de noviembre es un documento Excel sin mayor detalle. Cuando se trata de acompañamiento a comunidades y Juntas de Acción Comunal, aparecen fotografías de los habitantes locales pero no de Guerrero. La única vez que sale en fotos es en reuniones dentro del Ministerio del Interior.

Según la Contraloría, "esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa". El organismo advirtió que, de no entregarse los documentos prometidos, podría configurarse un presunto daño fiscal. Los supervisores Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes certificaron que todo estaba bien, y la universidad procesó los pagos sin chistar. El ente de control incluso detectó que la UIS utilizó una ambigüedad legal, catalogando a Guerrero simplemente como "persona natural y/o profesional" para esquivar responsabilidades más claras.

Estos líos contractuales no son lo único que enfrenta Guerrero. Este viernes la Fiscalía le imputará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con títulos académicos cuestionados en la Universidad San José. La fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera explicó que Guerrero presentó diplomas de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable para posesionarse como viceministra de Juventudes, pero "la investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso". Los títulos fueron publicados en sistemas públicos en agosto de 2025 pero habrían sido expedidos sin cumplir requisitos legales. La imputación también alcanza a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José.