El nombre de Juliana Guerrero vuelve a ser noticia por las razones equivocadas. Después de meses bajo escrutinio público por sus presuntos títulos irregulares, ahora la Contraloría General de Santander ha puesto la lupa en dos contratos que ella suscribió con la Universidad Industrial de Santander. Los acuerdos, firmados en 2023 y 2024, estaban destinados a apoyar el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, un programa financiado a través de un convenio entre la UIS y el Ministerio del Interior.

Lo preocupante para los auditores no fue que los contratos fueran ilegales, sino exactamente lo contrario: están perfectamente documentados en el papel, pero nadie puede probar que Guerrero realmente hizo lo que le pagaban por hacer. "La Contraloría señaló que, aunque los contratos con Juliana Guerrero fueron legales y están documentados, no hay evidencias objetivas que prueben que las actividades pactadas hayan sido ejecutadas". Esto llevó al organismo de control a identificar un presunto daño fiscal, es decir, dinero público que se fue sin retorno verificable.

Cuando la UIS intentó defenderse diciendo que todo estaba en orden porque los supervisores Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes habían certificado el cumplimiento de las actividades, los auditores no se dejaron convencer. El problema está en los detalles: en los expedientes no aparecen los productos o entregables específicos que exigía el contrato. Es como si alguien le dijera a su jefe que terminó un proyecto, pero cuando le pide que muestre el trabajo, simplemente no existe.

Más aún, los auditores encontraron algo que huele mal: la UIS catalogó a Guerrero de manera ambigua como "persona natural y/o profesional", una terminología que, según la Contraloría, facilitaba favorecerla sin dejar un rastro claro de responsabilidades. Es el tipo de vaguedad que preocupa cuando hay dinero público de por medio.

Este nuevo hallazgo se suma a un panorama ya bastante oscuro alrededor de Guerrero. Ella ha sido vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José, donde presuntamente compró títulos universitarios sin cumplir los requisitos legales, específicamente sin presentar los exámenes Saber Pro que exige la ley. La institución ya le retiró sus documentos, y su nombre llegó a considerarse para un cargo de viceministra en el gobierno actual, lo que generó aún más controversia.

Lo que preocupa a expertos y congresistas es que este no parece ser un caso aislado. La congresista Catherine Juvinao denunció la existencia de un presunto "cartel de diplomas" en la San José, identificando 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los mil cien millones de pesos. Hay reportes de personas que pagaron hasta veinte millones de pesos por "homologaciones" académicas en esa institución, dinero que según documentos de la DIAN ingresaba directamente a las cuentas de la fundación. Esta práctica, que era un secreto a voces en algunas entidades, parecería haberse disparado durante este gobierno.