La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre un faltante considerable en la destinación de recursos públicos durante la veda electoral. El ente de control presentó sus hallazgos en el foro "Garantías Electorales, un diálogo con las regiones" y la situación es preocupante: detectaron que entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, las entidades estatales ejecutaron $2 billones de pesos mediante contratación directa, una modalidad que debería estar restringida durante este período. Tras analizar minuciosamente 25.685 contratos por valor de $2.8 billones, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría identificó que 6.292 de ellos no se ajustarían a las excepciones que contempla la ley.

La Ley de Garantías existe precisamente para cuidar la transparencia durante los procesos electorales. La norma permite contratación directa únicamente en casos muy específicos: situaciones de salud, defensa, seguridad, desastres naturales o urgencias manifiestas. Sin embargo, lo que encontró la Contraloría fue diferente. Los mayores volúmenes de contratación irregular se concentraron en sectores como inclusión social, comercio, justicia, servicios públicos y desarrollo social, justamente las áreas donde no hay justificación legal para evadir los procesos licitatorios normales.

Pero hay más. El organismo de control también identificó un patrón preocupante en el gasto destinado a eventos, conciertos, publicidad y refrigerios. Antes de que entrara en vigencia la restricción, entre octubre de 2025 y enero de 2026, se habían invertido más de $1.68 billones en estos rubros. Lo inquietante es que, después del 31 de enero, cuando ya debería estar prohibido, detectaron 368 contratos directos para eventos y publicidad que sumaron $31.959 millones en apenas un mes.

Para enfrentar este tipo de irregularidades, la Contraloría implementó el Modelo Analítico Electoral de Seguimiento Preventivo, una herramienta que utiliza datos en tiempo real y trazabilidad contractual para anticipar problemas antes de que causen daño patrimonial irreversible. La institución insiste en que su rol es técnico, no político: se trata de garantizar que los recursos públicos se destinen correctamente y de proteger la confianza en la democracia, más allá de cualquier color partidario.