Un fuerte golpe para Asmet Salud. La Contraloría acaba de revelar que durante 2023 y 2024 se detectaron irregularidades fiscales por más de 24 mil millones de pesos, pero lo más grave es quién las autorizó: RG Auditores S.A.S., precisamente la empresa que designó la Superintendencia de Salud para intervenir forzosamente la EPS. El ente de control fue claro en sus hallazgos: la firma "modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores".

Aquí está el punto crítico. Asmet originalmente autorizó girar dinero a 91 prestadores de servicios de salud por un monto total de casi 47.900 millones de pesos. Pero de esos 91, a 74 prestadores se les giraron cantidades superiores a lo aprobado. En resumidas cuentas: desaparecieron más de 23 mil millones de pesos en pagos que nunca fueron justificados. Aunque se ha logrado recuperar casi 24.400 millones, siguen faltando por reintegrar 23.426 millones.

Lo que más preocupa a los auditores es la actitud de Asmet frente al desastre. La EPS insistió en que ella no autorizó esos pagos y culpó a la firma interventora, pero aquí viene lo problemático: no ha presentado evidencia de haber iniciado gestiones administrativas o judiciales serias para recuperar esos recursos públicos. Es decir, durante más de dos años, esos 23 mil millones han estado en poder de terceros sin que nadie ejerza con contundencia los mecanismos legales disponibles.

En 2024, Asmet intentó hacer conciliaciones extrajudiciales con los 74 prestadores involucrados, pero los resultados fueron desalentadores. Solo asistieron 64 de los citados: 27 rechazaron llegar a un acuerdo, 29 no se presentaron ni una sola vez, y 8 tienen sus procesos en suspenso. El camino para recuperar la plata se ha convertido en un laberinto burocrático.

La Contraloría fue tajante en su conclusión. Aseguró que "como gestora fiscal de los recursos del SGSSS, Asmet Salud está en la obligación de adelantar las acciones legales pertinentes de manera ágil, oportuna y efectiva, con el fin de salvaguardar el patrimonio público". En otras palabras: no importa que la EPS no haya autorizado directamente los giros; ella sigue siendo responsable de recuperar ese dinero que es de todos los colombianos. El tiempo se agota y la cuenta sigue abierta.