Casi 70 mil millones de pesos desaparecidos en la documentación. Eso es lo que encontró la Contraloría General de la República cuando auditó dos programas de becas para maestría y doctorado en Magdalena y Chocó, financiados con dineros del Sistema General de Regalías. Los proyectos estaban pensados para formar profesionales de alto nivel en ciencia y tecnología, pero la realidad es mucho más desordenada: nadie puede probar que el dinero se gastó realmente ni en qué se invirtió.

El panorama en Magdalena es preocupante. El proyecto, aprobado en 2013 con 29 mil millones de pesos, debería haber financiado posgrados para profesionales del departamento. Pero aquí está el problema: aunque reportan haber gastado el 80,84% de los recursos (28 mil 210 millones de pesos desembolsados), no hay un solo documento que lo pruebe. La gobernación, el Ministerio de Ciencia y las universidades involucradas no aportaron ni listados de beneficiarios, ni certificaciones académicas, ni siquiera reportes de cómo avanzaba el proyecto. Es como si el dinero hubiera desaparecido en la niebla.

Pero en Chocó la cosa es aún peor. Este proyecto, aprobado en 2012 con 41 mil 608 millones de pesos, presenta fallas que ponen los pelos de punta. No hay acreditación de quiénes se graduaron, no existen las tesis o ensayos de los estudiantes supuestamente beneficiados, y tampoco hay evidencia de que el conocimiento se haya socializado de alguna manera (publicaciones, plataformas, nada). Falta hasta la formación en idiomas que se comprometieron a dar.

Lo que más molesta es que estos recursos nunca fueron reportados correctamente en el SECOP, la plataforma oficial de contratación pública. Eso significa que ni los ciudadanos ni el Estado pudieron vigilar qué pasaba con esa plata. Es el caos administrativo convertido en números: sin auditorías internas, sin supervisión formal, sin trazabilidad de dónde salió ni adónde llegó cada peso.

Ahora la Contraloría dice que va a abrir investigaciones para establecer responsabilidades fiscales. También trasladó todo a la Procuraduría y la Fiscalía para que determinen si hay delitos. Anuncia que hará seguimiento "continuo" para que esto no vuelva a ocurrir. Promesas que suenen bien, pero para los contribuyentes colombianos la pregunta incómoda ya está en el aire: ¿dónde quedaron esos 69 mil millones?