La Contraloría General de la República presentó un informe que pone los pelos de punta: mientras el Estado reduce drásticamente el dinero para proteger a los menores de edad, los grupos armados encuentran cada vez más formas de engancharlos. El documento, llamado "Desafíos Institucionales y Fiscales de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en Colombia", muestra una brecha peligrosa entre lo que se necesita y lo que el Estado está dispuesto a invertir.

Los números hablan por sí solos. El presupuesto de la CIPRUNNA, la instancia coordinadora de acciones contra el reclutamiento forzado de menores, pasó de 12.891 millones de pesos en el periodo 2019-2023 a apenas 1.810 millones para 2024-2026. Eso es una caída del 83,8 por ciento. Pero hay algo aún más preocupante: en años anteriores quedaron sin gastar más de 3.600 millones de pesos que fueron asignados específicamente para prevención. Es decir, el Estado no solo reduce la plata sino que tampoco estaba usando la que tenía.

La realidad en el terreno es cruda. En Colombia, un menor es reclutado cada 20 horas por bandas armadas. Este año van 25 casos confirmados y, si la tendencia continúa, se proyecta que en 2030 habrá 286 casos anuales. Mientras tanto, el año pasado fueron asesinados 660 menores de edad. Organizaciones como Save the Children, COALICO y la ONU presentaron estos datos en un encuentro con la Contraloría, dejando claro que la situación escapa de las manos.

Los grupos armados también aprendieron a usar las herramientas modernas. Ahora utilizan TikTok, Instagram y Facebook para atrapar a jóvenes vulnerables, ofreciendo dinero, vehículos y un estilo de vida que brilla para quien no tiene nada. Al mismo tiempo, 1.070 sedes educativas están bajo amenaza directa de reclutamiento y otras 2.500 presentan alto riesgo por violencia en sus alrededores.

El Cauca es la zona más golpeada, concentrando el 44,2 por ciento de los casos de reclutamiento forzado en el país. Lo más grave es que el 50 por ciento de los menores afectados en ese departamento pertenecen a comunidades indígenas. La Contraloría encontró que aunque las autoridades locales incluyeron la prevención en sus planes, muchas veces no le asignaron presupuesto para ejecutarla.

En el aspecto operativo, la situación también es preocupante. Más del 60 por ciento de los equipos de defensores de familia están incompletos, lo que significa que cada uno maneja entre 85 y 120 casos semanales. En zonas rurales o de difícil acceso, los trámites para proteger a un menor pueden tardar hasta 120 días. Hay también alertas sobre fallas de registro: en 2022 se contabilizaron 1.488 alertas en programas de primera infancia del ICBF, en 2023 solo hubo un caso registrado, y en 2024 volvieron a aparecer 1.458.

La Contraloría pidió a ministerios, alcaldías y gobernaciones que coordinen mejor entre salud y educación, aseguren presupuestos estables a largo plazo y garanticen que los recursos lleguen a las zonas rurales. Porque mientras el Estado discute presupuestos, cada día que pasa hay menores siendo enrolados en la guerra.