La Contraloría Distrital de Medellín está contra reloj. Con una cartera de 250 expedientes fiscales que suma aproximadamente 400 mil millones de pesos en presuntos detrimentos patrimoniales, la entidad encabezada por la contralora Paula Ortega decidió acelerar el paso para evitar que las investigaciones se pierdan por prescripción. Los procesos se acercaban peligrosamente al límite legal de cinco años, así que había que actuar rápido.

En apenas seis meses, la Contraloría ha logrado resolver 35 procesos que concluyeron con decisiones de responsabilidad fiscal. Esto significa que identificó manejos irregulares de recursos públicos por 40 mil millones de pesos, lo que representa el 10 por ciento de toda la batería de investigaciones que encontró pendiente al inicio de su gestión. Detrás de estas 35 decisiones hay 103 personas que tuvieron algún nivel de responsabilidad en los detrimentos.

Los hallazgos que salieron a la luz se distribuyen entre distintas entidades y proyectos de la ciudad. La Biblioteca Pública Piloto, EPM, Tigo-Une, obras de infraestructura y el recaudo de impuestos han sido algunos de los focos de atención. Todos estos casos forman parte de las auditorías realizadas a los 50 sujetos de control que hay en el Distrito.

Para lograr esta descongestión, la Contraloría echó mano de herramientas tecnológicas. El uso de inteligencia artificial y una mejor gestión del personal han permitido acelerar los tiempos sin sacrificar la calidad de las investigaciones. Es una apuesta moderna para resolver un problema que venía acumulándose y que podría haber dejado en la impunidad muchos casos de irregularidad fiscal en Medellín.