Una investigación fiscal acaba de abrirse en Bogotá por presuntos problemas en la ejecución del proyecto eólico Windpeshi, en La Guajira. La Contraloría capitalina detectó un probable detrimento patrimonial de 313.276 millones de pesos y encontró que durante el desarrollo de esta iniciativa de generación de energía hubo fallas importantes en su planeación, ejecución y seguimiento.

El caso vuelve a poner el foco sobre los proyectos de energía renovable en La Guajira, una región que representa un gran potencial para la transición energética del país pero que ha enfrentado retrasos y dificultades recurrentes. En este proyecto específico, la Contraloría encontró que a pesar de la inversión realizada, las obras nunca alcanzaron los resultados esperados ni lograron entrar en funcionamiento.

Los números hablan por sí solos del atraso acumulado. A marzo de 2022 el avance físico era del 29,6 por ciento cuando debería haber llegado al 33,7 por ciento. Ese rezago inicial se fue agravando con el tiempo y terminó impactando la ejecución general de la obra, aumentando sus costos. El proyecto fue suspendido indefinidamente en mayo de 2023 con solo 7 de las 41 cimentaciones construidas. Los 34 aerogeneradores que debían instalar para que la planta produjera energía nunca llegaron a su lugar, y los equipos que habían sido adquiridos permanecieron almacenados sin uso.

La Contraloría también identificó retrasos significativos en los procesos de licenciamiento ambiental y permisos, situación que complicó la ejecución. Todos estos problemas sumados llevaron al organismo de control a sospechar que hubo un daño real a los recursos públicos distritales. Es importante entender que la Contraloría de Bogotá interviene en este caso porque el Distrito Capital es accionista de Enel Colombia, la empresa que participó en Windpeshi.

Con la apertura del proceso fiscal, la investigación buscará establecer la responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de las decisiones durante todas las fases del proyecto. El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, comentó que "estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido. Con este proceso fiscal buscamos establecer claramente lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar".

La investigación no solo revisará los dineros invertidos, sino también las decisiones administrativas y técnicas que permitieron que una obra de esta envergadura quedara parada a mitad de camino. Por ahora, la apertura del proceso fiscal es el inicio formal de la investigación, no una condena, pero marca el comienzo de una etapa donde tendrán que explicarse qué pasó con esos más de 313 mil millones de pesos que se pusieron en juego.