La Contraloría General de Antioquia cerró una auditoría especial sobre la Sociedad Hidroituango enfocada en examinar el impacto económico que tuvo el cambio de contratista en las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 durante 2022 y 2023. El análisis reveló que, si bien ese cambio de firma constructora no generó pérdidas directas, sí salieron a la luz irregularidades graves en la forma como Empresas Públicas de Medellín condujo todo el proceso de contratación.

Según los hallazgos, EPM violó el principio de planeación en la ejecución de estos contratos. Esta falta habría desencadenado lo que los auditores calculan como un presunto detrimento patrimonial de 108 mil millones 585 millones de pesos aproximadamente, producto de costos más elevados y mayor cantidad de obra ejecutada comparada con lo presupuestado inicialmente. Dado que EPM no está bajo supervisión directa de la Contraloría de Antioquia, este hallazgo será trasladado inmediatamente a la Contraloría Distrital de Medellín para que asuma la competencia y adelante las acciones legales que correspondan.

La Sociedad Hidroituango, por su parte, no salió ilesa del análisis. El ente de control le hizo dos hallazgos administrativos que exigen la suscripción de planes de mejoramiento obligatorios. Entre estos está la falta de gestión oportuna en acciones judicales relacionadas con el incumplimiento del Hito 7 del cronograma del contrato, así como demoras en la actualización del modelo financiero del proyecto durante el primer trimestre de 2026.

El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, aclaró que esta es apenas la primera actuación especial de fiscalización que adelanta sobre la megaobra, reafirmando que el ente de control mantendrá un seguimiento estricto para garantizar que los recursos de los antioqueños se usen de forma transparente.