El Instituto Nacional de Vías quedó en la mira de la Contraloría General de la República por la licitación de la vía Santa Lucía-Moñitos, un corredor que juega un papel importante en la movilidad de la zona costera de Córdoba. El organismo de control exigió aclaraciones sobre las advertencias de posibles irregularidades que ya había levantado la Secretaría de Transparencia de la Presidencia sobre el proceso contractual.

Los señalamientos giran alrededor del proceso LP-DEO-SMCN-038-2025, diseñado para mejorar y mantener esta importante vía regional. Entre los riesgos identificados están el direccionamiento del contrato hacia determinados oferentes, la falta de pluralidad de empresas interesadas en participar y ciertas inconsistencias en los criterios técnicos y financieros que orientan la licitación.

La Contraloría ahora busca conocer si Invías actuó con la debida diligencia desde el inicio o si permitió que estas fallas se colaran en la estructuración del proyecto. Por eso estableció un plazo de cinco días hábiles para que el instituto entregue un informe detallado sobre qué medidas ha tomado para corregir estas situaciones.

Las implicaciones de este escrutinio pueden ser serias. Si finalmente se confirman las irregularidades, el proceso podría derivar en investigaciones fiscales o disciplinarias contra los responsables. Además, podrían hacerse cambios significativos en los términos de la licitación o, en el peor de los casos, presentarse retrasos en una obra que es clave para la conectividad de esta subregión de Córdoba.