La tragedia del Hércules en Putumayo dejó más que dolor y 69 militares fallecidos. También destapó una falla crítica en cómo el Estado protege su patrimonio militar: el avión accidentado no tenía seguro. La Contraloría General de la República alertó sobre esta carencia después de analizar el caso del FAC 1016, que se estrelló el 23 de marzo en Puerto Leguízamo.

Lo más preocupante es que este no es un caso aislado. Según el organismo de control, apenas el 19 por ciento de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana está actualmente asegurada. Eso significa que la mayoría de estas máquinas vuela sin red de contención financiera, exponiendo directamente al Estado a asumir todos los costos de cualquier accidente: reparaciones, pérdidas totales e indemnizaciones a tripulantes y sus familias.

El impacto es especialmente grave en tragedias como la de Putumayo. Sin seguro, corresponde enteramente al erario público cubrir las compensaciones económicas para los seres queridos de los 69 militares que murieron. La Contraloría señala que esta ausencia de cobertura limita lo que en el sector se llama "transferencia del riesgo", que es justamente lo que un seguro hace: trasladar la responsabilidad financiera a una aseguradora.

El problema tiene raíces más profundas. Aunque el presupuesto de defensa ha crecido en los últimos años, esos recursos no han alcanzado para cubrir necesidades básicas como modernización de aeronaves, mantenimiento preventivo y, ahora se ve, protección mediante pólizas. Además, la Contraloría encontró que existe una falla en cómo se valora el riesgo: algunas aeronaves altamente expuestas no tienen cobertura adecuada, mientras otras están sobrecubiertas, señalando desorden en la distribución de recursos.

El ente de control también levantó la voz sobre otros riesgos fiscales de largo plazo, como el rezago tecnológico en la Fuerza Pública y el régimen pensional cuyos pasivos podrían superar los 140 billones de pesos. Ante este panorama, la Contraloría hizo un llamado urgente: fortalecer las políticas de aseguramiento, ajustar los modelos de evaluación de riesgos e invertir más en las capacidades estratégicas que el país necesita. Porque protejer el patrimonio público es también proteger a quienes dan la vida por Colombia.