La Contraloría General de la República encendió las alarmas esta semana al reportar un volumen considerable de contratación estatal que levanta sospechas sobre posibles desvíos de recursos públicos durante la campaña electoral. Tras la entrada en vigor de la ley de garantías hace poco más de un mes, el organismo de vigilancia identificó nada menos que 6.292 contratos por un valor superior a $2 billones en sectores que no tienen excepciones legales.

Lo que más preocupa a los auditores es que buena parte de esa plata se concentró en rubros bastante particulares. Más de $31.000 millones fueron destinados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística. En otras palabras, gastos que fácilmente podrían convertirse en herramientas para influir en el ambiente electoral, algo que precisamente la ley de garantías intenta evitar.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez fue claro en sus declaraciones: "En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley".

Lo inquietante es que el problema no es nuevo. Antes de que la ley de garantías comenzara a regir, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero, ya había un panorama preocupante: 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones asociados a eventos y publicidad. Luego, apenas la ley entró en vigencia, entre el 31 de enero y el 27 de febrero, aparecieron 368 contratos más por $31.959 millones con los mismos fines.

En total, la Contraloría analizó 25.685 contratos que sumaron $2,8 billones, y la mayoría de ellos no estaba dentro de las excepciones que permite la ley electoral. Estas excepciones existen para casos de salud, defensa, seguridad, emergencias y desastres, pero la contratación identificada en eventos y publicidad claramente no entra en esas categorías.

El organismo de vigilancia advierte que seguirá ejerciendo control preventivo y fiscal para que los recursos públicos se usen conforme a la ley. El mensaje es directo: en medio de una campaña electoral sensible, cualquier maniobra de contratación pública que tenga visos de favorecer a candidatos será observada de cerca. La Contraloría insiste en que su papel no es el de juez político, sino el de guardián técnico de que la plata de los colombianos se gaste donde debe gastarse.