La Contraloría General le prendió una vela de alerta al ministro de Hacienda, Germán Ávila. El organismo de control notificó una observación con posibles implicaciones disciplinarias relacionada con la forma en que el Gobierno está manejando la deuda pública del país. La comunicación llegó el 14 de mayo, en medio de la auditoría financiera de este año. Aunque suena grave, por ahora no se trata de una sanción definitiva. El Ministerio tiene la oportunidad de responder y defenderse, como lo marca el debido proceso.

¿Cuál es el problema que vio la Contraloría? Los analistas del ente de control identificaron varios riesgos que les preocupan. Primero, los vencimientos de la deuda están muy concentrados en los años 2026, 2029 y 2030, lo que significa que el Gobierno tendrá que pagar sumas grandes en períodos específicos. Segundo, y aquí está lo delicado: la deuda y los intereses siguen creciendo mientras los ingresos del Estado no avanzan al mismo ritmo. Para la Contraloría, esa brecha genera inquietud legítima sobre si el país podrá mantener sus finanzas públicas en orden, especialmente con tasas de interés altas y una economía que crece lentamente.

Lo que disparó las alarmas fue una colocación de Títulos de Tesorería, TES (bonos de deuda que emite el Gobierno), realizada el 13 de mayo por unos 6 billones de pesos. El detalle importante: esas deudas se consiguieron a tasas más altas que las de hace dos semanas. Concretamente, aumentaron 68 puntos básicos entre una subasta y otra. Traducido al lenguaje del día a día, significa que el Gobierno está pidiendo dinero prestado, pero le está costando más caro que antes. Eso, a largo plazo, hace más pesada la carga de pagar intereses.

La Contraloría advirtió además que si esta tendencia continúa, podría echarse a perder la meta de déficit fiscal que el Gobierno se fijó para 2026. Según el Plan Financiero, ese déficit debería ser del 5,1 por ciento del PIB, pero los riesgos aumentan. Incluso, podría ser peor que el del año pasado, que llegó al 6,4 por ciento del PIB.

Otro punto que quedó en la mira fue un cambio que hizo el Ministerio de Hacienda en las reglas de cómo adjudica esos TES en las subastas. Antes, cuando la demanda era 2,5 veces mayor que lo ofrecido, se podía adjudicar un máximo del 50 por ciento adicional. Ahora, con la Resolución 0946, ese techo subió al 100 por ciento cuando la demanda alcanza tres veces la oferta. Para la Contraloría, eso abre la puerta a que se emita más deuda de la planeada.

A la fecha de corte de la auditoría, el 14 de mayo, la ejecución del presupuesto de 2026 (que suma 555,7 billones de pesos) mostraba un desequilibrio preocupante. El gasto en deuda ya estaba al 37,5 por ciento ejecutado, mientras que la inversión apenas llegaba al 19 por ciento. Eso significa que se está gastando más en pagar deudas viejas que en proyectos que creen desarrollo.

Ahora le toca al Ministerio de Hacienda responder punto por punto a lo que planteó la Contraloría. Mientras tanto, el ente de control seguirá de cerca cómo se comportan las nuevas operaciones de endeudamiento, las tasas de interés de los TES y el impacto que todo esto tenga sobre las metas fiscales del país.