Contraloría abre investigación por presunto derroche de $313 mil millones en parque eólico de La Guajira
La Contraloría de Bogotá inició un proceso de responsabilidad fiscal contra el proyecto eólico Windpeshi tras detectar retrasos graves, incumplimiento de metas y una inversión que nunca llegó a funcionar. A marzo de 2022 solo se había avanzado el 29,6% de las obras cuando debería estar al 33,7%. El proyecto fue suspendido indefinidamente en mayo de 2023 sin haber puesto en marcha ni una sola turbina de las 41 planeadas.
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal para investigar un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones relacionado con el parque eólico Windpeshi en La Guajira. La decisión llega después de que el organismo de control encontrara irregularidades importantes durante una indagación preliminar que evidenció retrasos significativos en la ejecución del proyecto e incumplimientos frente a las metas que se habían fijado desde el inicio.
Los números hablan por sí solos del atraso. Para marzo de 2022, el avance de las obras apenas llegaba al 29,6%, muy por debajo del 33,7% que estaba programado para esa fecha. La Contraloría también identificó demoras en los procesos de licenciamiento ambiental y otros trámites, situación que golpeó el cronograma del proyecto y derivó en mayores costos de ejecución.
Lo más preocupante es que el proyecto Windpeshi fue suspendido indefinidamente en mayo de 2023 sin haber comenzado sus operaciones. Para ese momento solo se habían construido siete de las 41 cimentaciones que se contemplaban, y ni siquiera se habían instalado los aerogeneradores necesarios para generar energía. La Contraloría enfatizó que, a pesar de toda la inversión realizada, los equipos adquiridos nunca fueron puestos en funcionamiento dentro del proyecto, por lo que no se cumplió el objetivo para el cual fueron asignados esos recursos públicos.
La investigación toma mayor relevancia porque el Distrito Capital tiene participación accionaria en Enel Colombia, la empresa vinculada al proyecto. Esto significa que los recursos que se perdieron comprometen directamente el presupuesto distrital.
Con la apertura de este proceso fiscal, la Contraloría busca establecer responsabilidades e identificar a todas las personas que intervinieron en la planeación, ejecución y toma de decisiones del Windpeshi. El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, expresó que "estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido. Con este proceso fiscal buscamos establecer claramente lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar".
Fuente original: Guajira News

