Constituyente: la única salida para reformar la Justicia colombiana
Un analista plantea que Colombia necesita una Asamblea Constituyente para reformar profundamente la Administración de Justicia, especialmente para eliminar influencias políticas en la provisión de cargos judiciales. Critica los "enroques" entre magistrados y la falta de concursos de méritos, argumentando que la desconfianza ciudadana en la Justicia amenaza la estabilidad institucional. Sostiene que el artículo 374 de la Constitución permite esta vía y que es urgente después de las elecciones presidenciales.
La canción "El abogado", grabada por Calixto Ochoa Campo en 1970 y luego reinterpretada por Los Diablitos en 1985, cuenta la angustia de alguien encarcelado que no consigue abogado a tiempo: "Ayer como era tan tarde no conseguí el abogado, como si hubiera matado, como si hubiera robado". Esa letra refleja un problema que persiste en la justicia colombiana y que, según un análisis publicado en Diario del Norte, solo puede resolverse con una reforma de fondo.
El texto señala que aunque Colombia tuvo una experiencia exitosa con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la actualidad existe una especie de rechazo a convocar nuevamente a esa institución. Sin embargo, el autor argumenta que la Constitución Política es clara en su artículo 374: puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por referendo popular. Considera que pretender satanizar esta opción es hipocresía, especialmente cuando hay asuntos pendientes que la Constitución de 1991 dejó sin resolver.
La principal crítica se dirige a la Administración de Justicia. El análisis denuncia lo que llama "relación incestuosa de mutuas complacencias" entre sectores del Congreso y altos dignatarios de las cortes, un entramado que debilita la independencia judicial. Particularly preocupa lo que denomina "enroques": magistrados que pasan de una corte a otra, aparentemente para seguir defendiendo intereses particulares. El autor propone que para acceder a esos cargos se requiera un concurso abierto de méritos, como lo hacen los jueces ordinarios.
Según el análisis, el verdadero problema es que la ciudadanía ha perdido confianza en la Justicia. El artículo 3 de la Constitución establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, pero esa soberanía se ve limitada cuando se argumenta que solo el Congreso puede hacer reformas. El escritor cuestiona por qué se le niega al pueblo la posibilidad de participar directamente en cambios que afecten su existencia, especialmente cuando "la primacía de la realidad es que esa gran institución le ha quedado grande" al Congreso.
El texto advierte sobre una crisis de valores que algunos confunden con problemas de gobernabilidad. Señala que la presunción de inocencia se ha vuelto "nugatorio" (sin valor real), lo que genera desconfianza colectiva. Para superar esto, insiste en que es indispensable fortalecer una Rama Judicial que esté por encima de confrontaciones políticas y que goce de la confianza ciudadana.
Finalmente, el análisis propone un cronograma: esperar a que terminen los actuales procesos electorales para evitar cálculos políticos, y luego, con un nuevo presidente elegido, impulsar con fuerza la reforma de la Justicia. Solo así, argumenta, podrá la Justicia ser "garante de paz y no un protagonista de la pugnacidad, del odio y de los peligrosos favores".
Fuente original: Diario del Norte


