El Partido Conservador se encuentra en el centro de una polémica incómoda tras avalar la candidatura de Wadith Manzur, un escenario que trae ecos de lo que pasó hace cuatro años cuando el Partido Liberal respaldó a Mario Castaño, quien después enfrentó procesos judiciales. Ahora, con Manzur obteniendo más de 134.000 votos en Córdoba a pesar de los cuestionamientos por su vinculación al escándalo de la UNGRD, vuelve el debate sobre las responsabilidades de los partidos al momento de seleccionar candidatos.

Juan Pablo Cepero, veedor nacional del Partido Conservador, fue claro al explicar en entrevista con La FM por qué la colectividad no pudo simplemente negarle el aval. Según expresó, "Para el partido es una situación difícil e incómoda", pero las manos estaban atadas por la ley. La razón principal: la legislación electoral establece que quienes buscan reelección en corporaciones públicas deben hacerlo por el mismo partido que los avaló en la elección anterior. Manzur había sido avalado por los conservadores años atrás, así que técnicamente la colectividad estaba obligada por ley a respaldarlo nuevamente.

Cepero fue enfático en señalar que mientras no exista una condena firme, el partido debe respetar el principio constitucional de presunción de inocencia. "Mientras no exista una condena firme, no se puede actuar de otra manera", manifestó. También advirtió que cualquier decisión que vulnerara el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos podría generar acciones judiciales contra la colectividad. "Existe el principio fundamental de los colombianos a elegir y ser elegidos. Cuando ese derecho se vulnera, aparecen tutelas y procesos legales", explicó.

El veedor aclaró que la veeduría del partido no tiene funciones equivalentes a las de la Procuraduría o la Fiscalía. "La veeduría no es la Procuraduría ni la Fiscalía. Tenemos limitaciones y no podemos actuar desconociendo principios constitucionales", señaló Cepero. Con ello dejó sentada la posición de que existen marcos legales que condicionan las decisiones internas de la colectividad, sin importar cuán incómoda sea la situación.

Pero el panorama podría cambiar si la situación jurídica de Manzur se agrava. Cepero explicó que el partido cuenta con un procedimiento disciplinario que se activa cuando hay decisiones judiciales formales. El primer paso sería que la veeduría nacional iniciara una investigación interna. "Cuando exista una resolución de acusación en firme, la veeduría tiene la facultad de suspender inmediatamente al miembro del partido", aclaró.

Después el caso pasaría al Consejo de Control Ético, el órgano encargado de tomar la decisión final. Y si la colectividad lo considera necesario, cuenta con una sanción máxima. "La sanción máxima puede ser la expulsión del partido", concluyó Cepero al describir cómo procedería la colectividad si las cosas llegan a ese punto. Por ahora, el Conservador se mantiene en una posición defensiva, argumentando que la ley le impidió actuar de otra manera.