La elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general vuelve a enfrentar un obstáculo judicial importante. El Consejo de Estado, a través de su Sección Cuarta, acaba de admitir formalmente una tutela que desafía la validez del proceso que la llevó a ocupar la cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Este nuevo paso judicial pone en jaque la estabilidad de su posición después de que una corte anterior había respaldado su elección.

La acción de tutela fue presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien impugnó una decisión anterior de la Sección Quinta del mismo Consejo de Estado que había protegido la elección de Camargo. En ese primer fallo, los magistrados consideraron que no había razones válidas para anular el proceso de selección y rechazaron los cuestionamientos sobre la legitimidad del quórum y la conformación de la terna de candidatas.

El punto clave de toda esta controversia está en lo que sucedió el 12 de marzo cuando la Corte Suprema de Justicia votó. Ortiz Mancipe sostiene que la elección fue irregular porque Amelia Pérez Parra, una de las tres candidatas que conformaban la terna, ya había retirado su candidatura antes de que cerrara el proceso electoral. Camargo ganó con 18 votos, pero el demandante asegura que este resultado no es válido. Según su argumento, cuando Pérez Parra se fue, la terna quedó incompleta y debió detenerse todo para que el presidente Gustavo Petro designara un remplazo. "La renuncia de Pérez obligaba a suspender la elección de fiscal en la Corte y lo que debía proceder era que le solicitaran al presidente de la república que recomponga la terna", planteó en su demanda.

Más allá de este tecnicismo procedural, la tutela también cuestiona la conducta de los magistrados de la Corte Suprema. El demandante no solo habla de irregularidades administrativas, sino que sugiere una posible desviación de poder. En su escrito señala que hubo sesgos y prejuicios deliberados contra las otras dos candidatas de la terna original, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra, lo que habría inclinado injustamente la balanza hacia Camargo.

Ahora el Consejo de Estado entrará en una fase decisiva de análisis para determinar si la elección de la fiscal se ajustó o no a la Constitución. Este nuevo proceso judicial mantiene en suspenso la solidez de la posición de Camargo en el cargo y abre nuevamente el debate sobre cómo se desarrolló uno de los procesos de selección más importantes para la administración de justicia en Colombia.