En una decisión extensa de 22 páginas, el Consejo de Estado cerró la puerta a una demanda que pretendía tumbar el nuevo sistema de expedición de pasaportes en Colombia. Un ciudadano había presentado el recurso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que lo había admitido en primera instancia. Sin embargo, cuando la Sección Tercera del Consejo de Estado revisó el caso, falló a favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dejando sin efecto la actuación judicial que buscaba frenar la entrada en operación del nuevo modelo.

La razón del rechazo fue clara según el análisis del alto tribunal: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no cumplió con los requisitos legales necesarios. El problema central radicó en que la demanda se presentó bajo la figura de Acción Popular, pero el demandante nunca alegó la vulneración de derechos e intereses colectivos, que es precisamente lo que exige este tipo de acciones judiciales.

Lo importante aquí es no confundir: esta decisión no significa que se hayan cerrado todos los frentes legales contra el contrato de pasaportes. En otro despacho del Consejo de Estado sigue adelante una acción de nulidad contractual que fue interpuesta por la Procuraduría General de la Nación. Ese proceso continúa vigente y en estudio, así que la batalla legal está lejos de terminar. El Consejo de Estado también le dio al Tribunal Administrativo de Cundinamarca un plazo de 10 días para que revise las consideraciones del fallo y emita una nueva decisión de acuerdo con lo que estableció.

Mientras tanto, en la opinión pública han surgido cuestionamientos sobre cómo funciona realmente el nuevo sistema. La periodista Darcy Quinn, en su columna en La FM, expuso varias contradicciones del gobierno sobre la expedición de pasaportes. Señaló que "no paran las versiones encontradas del gobierno sobre la expedición de pasaportes", indicando que mientras se sostiene que la personalización se realiza en el país, simultáneamente se reconoce que "las libretas se producen en Europa con trabajadores europeos".

Quinn planteó una pregunta que resume la confusión: "Si la personalización ya la están haciendo, ¿por qué es indispensable el PKI de la empresa anterior?". Esto hace referencia a la decisión del presidente de tomar acciones legales contra Thomas Greg & Sons por la entrega de las claves del PKI, argumentando que la retención sería "un incumplimiento que compromete la soberanía de los datos". Sin embargo, si ya se personaliza en el país como dicen, esa clave no sería tan indispensable.

También se adelantan acciones contra el traslado de fondos pensionales hacia Colpensiones. La Procuraduría presentó una demanda de nulidad, una medida cautelar y una tutela para frenar el movimiento de dinero. Los argumentos incluyen que la decisión "es ilegal" y que su motivación sería "falsa porque Colpensiones tiene recursos". Se advierten además "efectos financieros negativos sobre el ahorro nacional". El decreto ordena giros en plazos específicos: el primero en 15 días, el segundo en 20 y el resto en 30 días, mientras se espera que el Consejo de Estado adopte una medida cautelar.