En un fallo que llegó tarde al terreno de los hechos, el Consejo de Estado ratificó este martes la suspensión del decreto presidencial que había aumentado el salario mínimo en 23,7 por ciento. La decisión, que suena contundente en el papel, quedó sin mayores consecuencias prácticas porque Gustavo Petro ya había sacado adelante el mismo aumento por otra vía hace algunos meses.

Lo que pasó fue así: en febrero pasado, ese mismo tribunal había ordenado al Gobierno suspender el primer decreto sobre el salario mínimo y le pidió que expidiera uno nuevo con mejor justificación técnica. Petro obedecerció el fallo y en cuestión de días firmó otro decreto en el que mantuvo intacto el incremento del 23,7 por ciento, llegando a un "salario mínimo vital" de dos millones de pesos mensuales (alrededor de 557 dólares) incluido el auxilio de transporte.

El Gobierno argumentó que esta vez sí traía los estudios en regla. El presidente sustentó la medida en investigaciones sobre productividad, salario relativo y costo de vida, cumpliendo así con lo que el tribunal había exigido. Desde la cartera de Trabajo, el ministro Antonio Sanguino salió a dejar claro que el aumento "sigue en firme" y que el fallo de este martes no toca el decreto expedido en febrero.

"La decisión del Consejo de Estado conocida hoy no afecta el decreto transitorio que expedimos junto al presidente Gustavo Petro el pasado 19 de febrero de 2026", escribió Sanguino en X. El funcionario defendió que el Ejecutivo actuó dentro de los marcos legales al acatar la orden judicial.

Lo cierto es que el aumento ha generado polémica en varios sectores. Los críticos argumentan que un incremento de esa magnitud va a disparar la inflación y va a costarle empleos a los colombianos. El Gobierno ha desmentido estas predicciones y sostiene que la medida es viable y necesaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.