El Consejo de Estado trazó una línea clara sobre qué pueden y qué no pueden hacer los ministerios en redes sociales. Según explicó Andrés Caro en La FM, el tribunal determinó que el Ministerio de Educación abusó de sus cuentas institucionales cuando publicó mensajes de contenido político, incluyendo el uso de etiquetas como #TrumpSeEquivocóDePaís. Para el alto tribunal, esto simplemente no corresponde a la misión de una entidad pública.

La decisión no fue un caso aislado. Caro señaló que existen otras tres sentencias similares contra el Servicio Geológico Colombiano y la Superintendencia de Notariado y Registro, todas relacionadas con el mal uso de canales institucionales para difundir mensajes sobre movilizaciones. El patrón es el mismo: entidades públicas utilizando plataformas oficiales para fines que van más allá de sus funciones establecidas por ley.

¿Qué queda prohibido entonces? Bastante claro: los ministerios no pueden convocar marchas desde sus cuentas oficiales, sin excepciones. Cuando se le preguntó a Caro si al menos podrían hacerlo si fuera para convocar a docentes, respondió sin ambigüedad: "Tampoco es una finalidad del Ministerio de Educación convocar a marchas". Según explicó, "Las funciones y finalidades del ministerio están reguladas por ley", y promover movilizaciones simplemente no está allí.

El tribunal hizo una declaración de ilegalidad basada en el Estatuto Anticorrupción, más que imponer una sanción punitiva. Como señaló Caro, "Más que una sanción, el Consejo de Estado declara la ilegalidad de los hechos". Lo importante aquí es que la decisión sirve como precedente para el futuro: "Sirve como un ejercicio ejemplarizante para el futuro". Las cuentas institucionales tienen un propósito muy específico, y cruzar esa línea para hacer política o convocar protestas ya no es un asunto gris: es simplemente prohibido.