A partir de ahora, cuando una entidad estatal publique en Facebook o Twitter, lo que comparta debe tener un propósito claro: hablar de su trabajo institucional. Nada de mensajes políticos que no guarden relación con lo que hacen. Así lo acaba de establecer el Consejo de Estado en una serie de fallos que empiezan a marcar las reglas del juego para la comunicación oficial en las redes.

El caso que encendió las alarmas fue particularmente claro. La Superintendencia de Notariado y Registro había publicado en sus canales oficiales declaraciones que hizo el presidente de la República sobre una investigación relacionada con una EPS. El problema, según el alto tribunal, es que eso no tenía nada que ver con las funciones de esa superintendencia. Fue como si usara su megáfono público para amplificar un mensaje que no le correspondía difundir. El Consejo de Estado encontró que la superintendencia incumplió la Ley 1474 de 2011, que regula precisamente cómo deben gastarse los recursos públicos en publicidad oficial.

¿Qué significa esto en la práctica? Que las redes sociales de cualquier ministerio, superintendencia o entidad estatal deben servir exclusivamente "para informar sobre programas, servicios y actividades relacionadas con sus competencias legales", como señaló la sentencia. No son plataformas para que funcionarios alineados con el gobierno de turno amplíen sus mensajes políticos usando dinero de todos los colombianos.

El tribunal fue claro en otro aspecto importante: aunque es válido que el Estado informe sobre su gestión pública, ese principio no se puede convertir en una excusa para favorecer gobiernos, partidos o candidatos. El Consejo de Estado está diciéndole a las entidades que hay una línea que no deben cruzar, y quedó demarcada con los casos del Ministerio de Educación, la Superintendencia de Notariado y el Servicio Geológico Colombiano.

Con estos fallos, el tribunal empieza a crear un precedente judicial sólido sobre cómo debe funcionar la publicidad oficial en la era digital. La idea subyacente es simple pero importante: si los ciudadanos pagan con sus impuestos la comunicación de una entidad estatal, esa comunicación debe beneficiarlos como usuarios o ciudadanos interesados en sus servicios, no para propaganda política de turno.