Millones de usuarios en La Guajira y el Caribe pueden respirar tranquilos. El Consejo de Estado acaba de confirmar un fallo que ordena reducir de manera definitiva las tarifas de energía eléctrica que durante años han asfixiado los bolsillos de la región. La decisión respaldó las medidas cautelares que había impulsado una acción popular presentada por las personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, dándole la razón a quienes denunciaban un sistema tarifario injusto.

El problema viene de lejos. Desde 2019, un régimen tarifario especial permitía que empresas como Air-e y Afinia trasladaran a los consumidores costos que no les correspondían. El Consejo de Estado fue claro en su análisis: estas compañías cargaron a los usuarios "los costos del deterioro del sistema, de la falta de inversión en infraestructura y tecnologías, y de la falta de control de las pérdidas no técnicas". En otras palabras, los guajiros pagaban facturas infladas por ineficiencias y problemas que debía resolver el sector.

El tribunal no solo ordenó bajar las tarifas. También exigió acciones concretas que las empresas deben cumplir: modernizar la red eléctrica, mejorar los sistemas de medición, combatir el fraude y las conexiones ilegales, y verificar que las pérdidas que reportan sean reales. Además, estableció que las variaciones de tarifas en la región Caribe deben ser proporcionales al promedio nacional, cerrando la brecha que había dejado a millones de personas en desventaja.

El Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y Air-e apelaron el fallo argumentando que había "riesgo en la sostenibilidad financiera del servicio". Pero el Consejo de Estado no se dejó intimidar. La respuesta fue contundente: ese riesgo puede enfrentarse con inversión en infraestructura y con un verdadero control de pérdidas.

Para La Guajira, donde las facturas han golpeado especialmente a las familias de menos recursos, este fallo es un respiro después de años de injusticia tarifaria. La Personería de Riohacha, que fue protagonista activa en esta batalla legal, celebró la decisión y exigió que se cumpla sin dilaciones. Ahora toca ver si esta vez la justicia se convierte en facturas más justas para los usuarios de la región Caribe.