Una buena noticia llegó para los bolsillos de los costeños. El Consejo de Estado le dio la razón a Santa Marta, Barranquilla y Riohacha en su reclamo por las tarifas de energía que no paran de crecer en la región Caribe. El tribunal confirmó las medidas cautelares que ya había ordenado el Tribunal Administrativo del Atlántico, pero esta vez las reforzó con obligaciones más exigentes para quienes regulan el servicio.

El problema es bien conocido en la Costa. Desde 2021 las facturas de luz no dejan de subir, y el Consejo de Estado encontró que existe una amenaza real e inmediata a los derechos de millones de usuarios. Lo interesante es que identificó el culpable principal: el componente tarifario asociado a las pérdidas de energía en el sistema. En otras palabras, se pierde demasiada electricidad en el camino desde que se genera hasta que llega a las casas, y eso costo lo terminan pagando los ciudadanos.

Esta falta de inversión en infraestructura eléctrica ha permitido que las pérdidas técnicas y no técnicas sigan creciendo. Así que la corporación le encargó a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) que no se quede de brazos cruzados. Ordenó modernizar la infraestructura, fortalecer los sistemas de medición, frenar el fraude y las conexiones irregulares, y lo más importante: reducir ese componente de pérdidas que encarece todo. También le pidió verificar que las tarifas en el Caribe se alineen con el promedio nacional.

Pero una orden del tribunal sin vigilancia es como regadera sin agua. Por eso las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha anunciaron que no van a soltar el tema. Seguirán de cerca que la CREG cumpla con cada una de esas medidas y que los beneficios reales lleguen a las familias que hace años cargan con tarifas injustas. El objetivo es claro: que los costeños finalmente paguen por la energía lo que realmente cuesta, sin subsidiar las ineficiencias del sistema.