La lucha de los costeños contra las tarifas de energía eléctrica acaba de ganar un respaldo importante desde el más alto tribunal administrativo del país. El Consejo de Estado confirmó las medidas cautelares que ya había ordenado el Tribunal Administrativo del Atlántico, ratificando así la necesidad de que el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, tomen acciones concretas para lograr un esquema tarifario más equitativo en toda la región Caribe.

Esta decisión surgió de una acción popular que presentaron conjuntamente las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, buscando proteger los derechos de los usuarios del servicio eléctrico. El tribunal consideró que existe una amenaza real sobre derechos colectivos relacionados con acceso a servicios públicos eficientes y de calidad, así como sobre los derechos de los consumidores.

Las órdenes del Consejo de Estado son bastante específicas. Entre las medidas que deben implementarse están la modernización de toda la infraestructura eléctrica regional, el fortalecimiento de los sistemas de medición, la verificación de las pérdidas de energía que reportan los operadores y, quizás lo más importante para las familias, la reducción del impacto que tienen esas pérdidas dentro de la fórmula tarifaria que finalmente pagan los usuarios.

Para muchos en el Caribe, especialmente en departamentos como La Guajira, esta decisión llega como un respiro. Durante años, los hogares han sufrido por los altos costos de la energía, un problema que se agrava cuando el calor extremo obliga a las familias a recurrir más a abanicos, aires acondicionados y otros dispositivos eléctricos. Ahora, las autoridades competentes tienen la responsabilidad de continuar revisando todos los factores que inciden en el valor final de las facturas y asegurar que estas medidas se traduzcan en beneficios reales para quienes viven en la costa.