El Consejo de Estado frenó al presidente Gustavo Petro en materia de participación política. El alto tribunal revocó un fallo de primera instancia y le ordenó abstenerse de realizar actos que favorezcan o cuestionen a partidos y movimientos políticos, conforme a lo que establece la Ley 996 de 2005.

La decisión judicial llegó después de que la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE Colombia) presentara una acción de cumplimiento. Esta organización cuestionó varias publicaciones, discursos y mensajes que el mandatario y el Departamento Administrativo de la Presidencia difundieron durante el ambiente preelectoral en el que ya se respira la campaña hacia las elecciones de 2026. Según la demanda, algunas de estas intervenciones públicas habrían servido para respaldar posturas cercanas al Pacto Histórico y para lanzar críticas contra sectores de la oposición.

En su fallo, el Consejo de Estado fue claro: el presidente de la República sigue siendo un servidor público, y por esa razón debe respetar las restricciones legales sobre participación en política durante procesos electorales. El tribunal también citó pronunciamientos de la Corte Constitucional que enfatizan la importancia de garantizar la imparcialidad del Estado, proteger la igualdad entre los distintos sectores políticos y asegurar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin presiones desde las instituciones.

Con esta decisión, el tribunal ordena a Petro cumplir con las normas vigentes y evitar conductas que puedan ser interpretadas como propaganda electoral desde escenarios oficiales o utilizando recursos del Estado. El fallo reabre el debate sobre los límites que tiene la participación política de los servidores públicos y los límites que la Constitución establece para estos casos.