A horas de que los ciudadanos acudieran a las urnas, el Consejo de Estado tomó una decisión que sacudió la campaña presidencial. El alto tribunal determinó que el presidente Gustavo Petro había incumplido sistemáticamente las reglas que prohíben a los servidores públicos hacer política de manera explícita, y le ordenó poner candado inmediato a cualquier mensaje con tinte electoral en sus cuentas y en los canales oficiales del gobierno.

La sentencia llegó después de que la Fundación para el Estado de Derecho presentara una demanda acusando al presidente y al Departamento Administrativo de la Presidencia de usar redes personales y medios institucionales para promocionar el proyecto político del Pacto Histórico. Según la denuncia, los mensajes no solo buscaban favorecer ese movimiento, sino también desacreditar a candidatos rivales y sectores opositores. Entre los ejemplos que presentaron como evidencia estaba un trino del 1 de septiembre donde Petro pidió al Pacto Histórico "prender todas las alarmas" contra lo que él denominó un "golpe brutal del uribismo", y otro mensaje del 30 de noviembre de 2025 donde utilizó una encuesta de Invamer para impulsar una asamblea nacional constituyente.

La historia de este caso tiene sus giros. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había rechazado la demanda el 20 de marzo de 2026. Los jueces consideraban que la norma era una prohibición demasiado general y que no había un "mandato claro y específico" que se pudiera aplicar directamente al presidente. Pero el Consejo de Estado no estuvo de acuerdo y tumbó esa lógica completamente.

Para los magistrados del tribunal superior, quedaba meridianamente claro que los mensajes del mandatario fueron diseñados con la intención de influir en cómo votaran los colombianos y de asegurar continuidad a su plan de gobierno bajo el concepto del "progresismo". El tribunal aclaró que esta orden perseguía únicamente que se respetara la ley estatutaria electoral, sin meterse en terrenos que corresponden a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. No se trataba, dijeron, de cuestionar responsabilidades penales o disciplinarias, sino simplemente de garantizar cumplimiento legal.

El fallo fue contundente en su parte resolutiva. El Consejo de Estado ordenó al presidente "Se abstenga de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y radio o imprenta pública". La orden era para ejecutarse de forma inmediata y de ahí en adelante, sin ambigüedades ni espacios para interpretaciones.