Consejo de Estado obliga al Ministerio del Interior a publicar todos sus nombramientos en seis meses

El Consejo de Estado ordenó al Ministerio del Interior publicar todos los nombramientos que ha omitido en su página web dentro de seis meses. La decisión respondió a una acción de cumplimiento de la Fundación para el Estado de Derecho, que evidenció fallas técnicas e información incompleta. El ministerio no solo deberá ponerse al día, sino garantizar la publicación oportuna de futuros actos administrativos.
El Consejo de Estado no dejó margen para negociación y le metió un ultimátum claro al Ministerio del Interior: tiene seis meses para publicar todos los nombramientos que ha dejado por fuera de su página web. La Sección Quinta del alto tribunal tomó esta decisión luego de que la Fundación para el Estado de Derecho presentara una acción de cumplimiento cuestionando las irregularidades en la información disponible.
El problema es más serio de lo que parece. Durante la revisión del caso, salió a la luz que el ministerio solo tenía actos de 2025 publicados en su sitio, sin incluir años anteriores ni los del 2026. Peor aún, la entidad reconoció que existen fallas técnicas que impedían consultar completamente la información. En otras palabras: la ciudadanía no podía acceder a lo que debería estar disponible.
Ahora el ministerio encabezado por Armando Benedetti tendrá que recuperarse del atraso publicando "todos los actos de nombramiento omitidos en su página web" y además "garantizar la publicación oportuna de los nuevos actos que expida". No es solo arreglarse el desorden, sino establecer un sistema que funcione de verdad.
Lo preocupante es el contexto en el que esto sucede. El Ministerio del Interior ha tenido cuatro cabezas diferentes durante el gobierno Petro: Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo y ahora Benedetti. Esa rotación constante refleja una administración interna inestable. Para colmo, Velasco está siendo investigado por corrupción en la UNGRD, mientras que Benedetti fue incluido en la Lista Clinton por el Departamento del Tesoro estadounidense y enfrenta otros expedientes en Colombia.
La orden judicial busca reforzar lo que ya debería ser obligatorio: la transparencia y el acceso a la información pública. Desde 1991, cuando entró en vigencia la actual Constitución, esto forma parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Que un ministerio tenga que ser conminado por el Consejo de Estado para cumplir lo obvio dice bastante sobre cómo está funcionando la administración pública en este momento.
Fuente original: El Colombiano - Colombia


