Consejo de Estado mantiene suspensión del aumento del 23% al salario mínimo para 2025
El Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional del aumento del salario mínimo que el Gobierno había fijado en 23% para 2025. La medida, que lleva desde febrero, no es definitiva sino temporal mientras se resuelve el fondo del proceso. El tribunal ordenó mantener el salario en $1.750.905 y exigió que cualquier decisión final se respalde en criterios técnicos como inflación, productividad y crecimiento del PIB.
El Consejo de Estado cerró la puerta, al menos por ahora, al aumento del salario mínimo que el Gobierno había anunciado para este año. La Sección Segunda del tribunal ratificó la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, en el que el Ejecutivo había establecido un incremento del 23% para los trabajadores colombianos. La decisión mantiene en pie la medida cautelar que venía en vigor desde febrero, sin que esto implique una resolución definitiva sobre el tema.
Según explicó el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, quien lidera el análisis de las demandas, esta suspensión es solo una pausa temporal. "La medida no implica una decisión definitiva sobre el salario mínimo, sino una acción temporal mientras se resuelve el fondo del proceso", señaló el funcionario. El tribunal rechazó varios recursos interpuestos por demandantes y concluyó que no hubo extralimitación en la orden de suspensión del decreto.
El tribunal acumuló al menos 17 demandas contra el decreto y le pidió al Gobierno que expidiera una medida transitoria mientras se definía la legalidad del aumento. En respuesta, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto que mantiene el salario mínimo en $1.750.905, la cifra que regía antes de que se anunciara el aumento del 23%.
El Consejo de Estado fue claro en otro aspecto: no está invadiendo funciones que corresponden al Gobierno, sino exigiendo que cualquier decisión sobre el salario mínimo se ajuste a criterios técnicos y legales establecidos en la ley. Entre esos criterios están la meta de inflación que fija el Banco de la República, la productividad laboral, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el comportamiento del índice de precios al consumidor.
Lo que el tribunal le pide al Gobierno es transparencia. Cualquier cifra que se proponga finalmente debe estar respaldada por un análisis claro que demuestre cómo cada uno de esos factores económicos influyó en la decisión final. Sin esa justificación técnica, la puerta permanece cerrada para aumentos que no cumplan con los estándares legales que el propio tribunal consideró necesarios establecer.
Fuente original: Minuto30
