Un tecnicismo legal salvó la aspiración presidencial del penalista Abelardo de la Espriella. La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó una demanda que pretendía anular su inscripción como candidato, argumentando que ese acto no es definitivo sino apenas un paso dentro del proceso electoral. El magistrado Omar Joaquín Barreto, quien desestimó la nulidad interpuesta por Sebastián López Betancourt, ni siquiera entró a revisar los argumentos de fondo. De esta forma, con apenas cuatro páginas, la justicia le cerró la puerta a un debate constitucional que estaba generando tensiones entre los juristas más respetados del país.

Lo interesante del asunto es que la Corte no tocó el verdadero problema que inquietaba a quienes demandaron. El cuestionamiento central es que De la Espriella posee nacionalidad colombiana, italiana y estadounidense. Para obtener la ciudadanía norteamericana debió hacer un juramento en el que renuncia "absoluta y enteramente" a cualquier "príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera". Un grupo de exmagistrados, entre ellos Rodrigo Uprimny, exintegrante de la Corte Constitucional, y José Gregorio Hernández, expresidente del mismo tribunal, argumentan que ese juramento genera un "conflicto de lealtades" incompatible con la Presidencia de Colombia. Para ellos, un cargo que demanda "una profunda lealtad y fidelidad hacia Colombia, nuestra Constitución y nuestras leyes" no puede ser ejercido por alguien con compromisos legales hacia otro país.

Sin embargo, la otra orilla jurídica piensa diferente. Figuras como Gloria Stella Ortiz, José Fernando Reyes y Alejandro Linares sostienen que no existe ninguna inhabilidad constitucional. El debate se intensificó cuando, poco antes de la segunda vuelta presidencial, una docena de exmagistrados firmó un documento contrario al anterior, tachando de "inadecuado" que se pusiera públicamente en duda la capacidad jurídica de un candidato a una semana de las elecciones.

El Consejo de Estado, al menos por ahora, evitó meterse en ese pantano. Razonó que la inscripción de una candidatura es simplemente un acto de trámite dentro de un proceso que culmina con la elección presidencial. Por eso consideró que cualquier cuestionamiento sobre la elegibilidad de De la Espriella debería plantearse después de una eventual elección, no antes. El penalista entregó en diciembre pasado más de cuatro millones de firmas para respaldar su candidatura, y hasta ahora su aspiración queda intacta. En mayo de este año, el Consejo Nacional Electoral ya había negado una revocatoria contra su inscripción. Con esta decisión del Consejo de Estado, al menos los obstáculos judiciales quedan zanjados, al menos de momento.