El pulso entre el Ejecutivo y la Rama Judicial escaló en las últimas horas cuando el Consejo de Estado decidió responder directamente a los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro lanzó por redes sociales. Todo comenzó cuando el alto tribunal frenó de manera provisional el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, un movimiento que el Gobierno había autorizado mediante el Decreto 415 del 20 de abril de 2026.

La reacción presidencial no pasó desapercibida para la corporación. El Consejo de Estado estimó que era necesario una respuesta "oportuna, clara y contundente" ante lo que consideró un lenguaje problemático. "El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido", señaló la corporación en su comunicado, manteniendo la compostura pero siendo firme en sus palabras.

Lo que más preocupó al tribunal fue la necesidad de defender principios básicos de la democracia. Según el Consejo de Estado, la manera en que el presidente cuestionó su decisión contribuye a la desinformación sobre fallos judiciales y debilita la confianza en las instituciones. "La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho y pueden derivar en señalamientos contra quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia", explicó el tribunal.

El Consejo fue enfático en señalar que aunque existe libertad de expresión, esta no puede usarse para crear mensajes que busquen impacto mediático y pongan en riesgo a los jueces o a las instituciones. La corporación recordó que el control judicial sobre los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, sino una de sus principales protecciones.

En un mensaje que claramente apunta a reflexionar sobre cómo funcionan los contrapesos en el Estado, el tribunal aseguró que su existencia y competencias vienen directamente de la Constitución. Aunque reconoció que los controles entre poderes pueden "incomodar", insistió en que son indispensables. "Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar", agregó la corporación.

Este intercambio de posiciones refleja la tensión que existe actualmente en el país respecto a la implementación de la reforma pensional y, más ampliamente, sobre cuál debe ser el alcance de las decisiones judiciales cuando se trata de acciones del Gobierno.