El Consejo de Estado tomó una decisión que toca de lleno al ejercicio presidencial. La sección quinta del tribunal revisó una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho y ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de cualquier participación en actividades de carácter político.

El trasfondo de esta orden está en la ley 996 de 2005, una norma que claramente prohíbe a los funcionarios públicos meterse en propaganda electoral. El Consejo de Estado examinó varias publicaciones que el mandatario ha hecho en sus redes sociales y concluyó que estaría violando esa ley al participar en este tipo de actividades.

Pero la preocupación no termina ahí. El alto tribunal también hizo una advertencia más amplia: señaló que el gobierno no ha respondido adecuadamente a las alertas sobre mantener la imparcialidad durante los procesos electorales. Es decir, no se trata solo del presidente, sino de todo el aparato estatal y cómo se comporta frente a estas cuestiones.

La Procuraduría quedó encargada de hacer seguimiento a esta decisión del Consejo de Estado, así que la supervisión sobre el cumplimiento de la orden estará en manos de ese organismo de control.