La Alcaldía de Cali ganó una batalla importante en los juzgados. El Consejo de Estado confirmó una sentencia que protege los recursos públicos de la ciudad al rechazar la demanda de la sociedad Publicidad Lozano & Cía. S.A.S., que buscaba que el Distrito le pagara más de 42.900 millones de pesos. La empresa argumentaba haber sufrido afectaciones económicas por el Acuerdo 0436 de 2017, norma que congeló el registro de nuevas vallas publicitarias en Cali.

Los magistrados fueron claros: la administración actuó dentro de la ley al implementar medidas para combatir la saturación visual y proteger el paisaje urbano de la ciudad. El tribunal determinó que no existió el "daño especial" que la empresa denunciaba, argumentando que las normas de ordenamiento territorial son obligaciones generales que todas las empresas deben cumplir porque benefician al interés común. Así quedan blindadas las políticas de sostenibilidad ambiental y ordenamiento urbano que tanto necesita Cali.

Pero la sentencia va más allá de solo negar la indemnización. El Consejo de Estado ordenó a Publicidad Lozano pagar al Distrito el 3% del valor de sus pretensiones, lo que suma 1.287 millones de pesos. Esta condena reconoce que la demanda carecía de fundamento legal y que la empresa intentaba obtener un beneficio a pesar de no haber cumplido con los registros que exigía la norma local antes de instalar sus vallas.

Cristóbal Martínez, abogado defensor de la Alcaldía en el caso, celebró la victoria: "Logramos demostrar que la empresa pretendía un beneficio de su propia culpa. Esta condena es un mensaje contundente contra quienes intentan asaltar el presupuesto público con litigios sin fundamento". Para Ana Catalina Castro, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, el fallo es histórico porque "este dinero no es de la Alcaldía, es de cada ciudadano y hoy lo hemos salvado. Cali se consolida como un Distrito que defiende con rigor técnico su paisaje y su estabilidad financiera".

Con esta sentencia, los impuestos de los caleños quedan protegidos de litigios injustificados y se asegura que el interés general prevalezca sobre los intereses económicos particulares. Para una ciudad como Cali, que necesita invertir en educación, salud y seguridad, preservar 42.900 millones de pesos de una demanda sin sustento es una victoria que se traduce en recursos reales para la gente.