El Consejo de Estado le puso freno a uno de los decretos más polémicos del Gobierno de Gustavo Petro. La máxima corporación administrativa del país suspendió el decreto 0182, que buscaba trasladar de manera obligatoria a más de 6 millones de afiliados entre diferentes EPS. Con esta decisión, el alto tribunal ratificó lo que ya había ordenado el Tribunal de Cundinamarca y determinó que el acto administrativo del Ministerio de Salud podría violar la normatividad vigente.

Lo que más preocupó a los magistrados fue el impacto que tendría esta medida sobre los derechos de los colombianos. El Consejo de Estado advirtió que se generaría un "perjuicio irreversible" para los usuarios, especialmente porque afectaría directamente el derecho fundamental a la salud. Entre los aspectos vulnerados estaría la posibilidad de elegir libremente qué EPS contratar, además de comprometer la accesibilidad, la calidad y la continuidad de los servicios médicos que ya tienen las personas.

Los togados consideraron que los daños que causaría esta medida serían mucho mayores que cualquier beneficio que el Gobierno quisiera lograr con ella. Por eso la calificaron como una "regresión injustificada" en el sistema de salud colombiano, es decir, un paso atrás en la protección de los derechos de los pacientes.

El tribunal también identificó riesgos concretos que podrían materializarse si se ejecutaba el traslado masivo. Entre ellos está la posible reducción de opciones de EPS en varias regiones del país, lo que dejaría a muchas personas sin alternativas reales de dónde afiliarse. Además, advirtió sobre la asignación masiva de usuarios a entidades que tienen fallas o que están intervenidas por las autoridades, la concentración excesiva de afiliados en pocas aseguradoras y la limitación de opciones para que los ciudadanos puedan elegir dónde recibir su atención médica.