Una decisión del Consejo de Estado frenó en seco uno de los movimientos financieros más ambiciosos del Gobierno nacional. La sección segunda de la corte administrativa suspendió provisionalmente los efectos del decreto 415, expedido el 20 de abril de 2026, que pretendía mover 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

El punto de quiebre para los magistrados fue simple pero contundente: consideraron que el decreto podría estar vulnerando la ley 2381 de 2024, la normativa que había abierto la puerta para que las personas pudieran hacer traslados excepcionales desde fondos privados al sistema público. Para el Consejo, hay una diferencia fundamental entre reglamentar una ley y alterar su contenido, algo que el ejecutivo habría hecho con esta iniciativa.

Además de cuestionar la legalidad del decreto, la corte señaló un aspecto protector para los ahorradores: los recursos acumulados en los fondos privados deben permanecer allí hasta que cada persona cumpla con los requisitos necesarios para pensionarse. No es un dinero que el Estado pueda manipular a su arbitrio, aunque tenga intenciones de fortalecerle las arcas a Colpensiones.

Por ahora, el caso sigue en la mesa de análisis. El Consejo de Estado continuará con los estudios para determinar si esta suspensión provisional debe convertirse en una suspensión definitiva, lo que significaría el cierre total a este tipo de iniciativas por la vía que eligió el Gobierno.